La diputada y portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, y su compañera de grupo, Ana Belén Vázquez Blanco, presentaron, en el Registro de la Cámara Baja, el 22 de agosto pasado, una Proposición no de ley (PNL) sobre la inseguridad en Barcelona que está en línea con la que ha elaborado Ciudadanos.
En la misma, instan al Gobierno a «Impulsar las reformas legales oportunas, incluyendo la reforma del artículo 22. 8 del Código Penal, para que los antecedentes penales por comisión de delitos leves se computen a efectos de la aplicación de la agravante genérica de reincidencia; así como la revisión de los preceptos que permitan mejorar la regulación de la multirreincidencia».
Eso fue, precisamente, lo que tumbó el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en junio de 2017, al considerar que no se podía imponer penas de cárcel a carteristas multirreincidentes si los hurtos cometidos eran leves, es decir, cuyo valor fuera de menos de 400 euros.
Así lo establece el artículo 22.8 del Código Penal, que es clave en esta reforma. Dicho artículo dice que los delitos leves no producirán su cómputo a efectos de reincidencia.
El PP, al igual que ahora Ciudadanos –ambos están en sintonía en cuanto a la reforma a realizar–, plantea la modificación de ese artículo para que en los hurtos leves se tenga en cuenta la reincidencia. De esa forma se acabaría con la actual situación, en la que algún carterista profesional ha llegado a ser detenido más de 400 verdes.
El Partido Popular también plantea el envío inmediato a Barcelona de fuerzas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de un modo temporal, para garantizar la seguridad ciudadana, colaborando con los «Mossos» y la Guardia Urbana, «mientras no se produzca el necesario refuerzo de los mismos».
Por último, promueven «un Pacto Local por la Seguridad en el que estén representados la Administración central, Genera/ita/ y Ayuntamiento de Barcelona, que dote de más medios personales y materiales a la Guardia Urbana, y le otorgue el apoyo institucional necesario para garantizar la restitución del principio de autoridad».
