El ex fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, pese a saber que la acusación popular es una figura reconocida en nuestro derecho regulada en el artículo 125 de la Constitución Española, se ha pronunciado abierta y públicamente por eliminarla del sistema judicial español porque «es una perversión».
Horrach hizo esas declaraciones en el marco de la presentación del libro ‘Manos Limpias, manos sucias’, del periodista Javier Chicote, sindicato que ejerció la acusación popular en el juicio sobre el caso Nóos, en el que el principal acusado fue Iñaki Urdangarín, exduque de Palma, y en cuyo banquillo estuvo también la infanta Cristina, hija del entonces Rey Juan Carlos I.
«Manos Limpias», según Horrach, funcionaba «presentando continuamente denuncias» persiguiendo la «destrucción social» de sus víctimas, sin importar «ni cómo, ni quién estaba delante».
Él mismo, reveló, fue objeto de varias denuncias por parte del Sindicato, que fueron desestimadas.
«Me hicieron daño, igual que hicieron daño a muchísima gente», enfatizó Horrach.
ELIMINAR LA FIGURA DE LA ACUSACIÓN POPULAR
Por ello, Horrach defendió la eliminación de la acusación popular en el sistema judicial español, una figura que «no existe en ningún otro país del mundo», subrayó.
Para reforzar este posicionamiento, Horrach -que hoy ejerce de abogado en un despacho privado- ha argumentado que esta figura «no está sometida a las prescripciones que determina el fiscal», y «lo único que provoca son distorsiones». En esta línea, ha recalcado que la acusación popular «no tienen interés directo» en la causa «porque no son perjudicados» pero «pueden interferir». «¿Qué sentido tiene?», se ha preguntado.
La figura de la acusación popular da legitimidad a cualquier ciudadano español para que pueda personarse en un proceso judicial penal, aunque no se haya visto afectado directamente por el delito en cuestión.
La acusación popular no actúa por interés propio, sino en defensa de la legalidad. Es por tanto una vía que permite la participación popular en la justicia, ya que cualquier ciudadano puede personarse como acusación. Se enmarca de una manera más amplia dentro del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 21 de la CE. EP.
