La fiscal general del Estado, María José Segarra, recordó ayer por la noche que la sentencia del ‘procés’ independentista en el Tribunal Supremo permitirá revisar la activación de las órdenes europeas de detención contra el expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont y los otros 4 fugados.
En declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE, la fiscal general del Estado explicó que una vez conocida la sentencia del «procés», que al alto tribunal le gustaría poder notificar antes del próximo 16 de octubre, si es posible una nueva valoración de la necesidad de adoptar medidas cautelares.
«En un proceso penal las medidas cautelares es algo vivo y que continuamente son objeto de replanteamiento y en este procedimiento no va a ser distinto. Efectivamente la sentencia sí puede determinar ese replanteamiento de la cuestión de lanzamiento de las órdenes europeas de detención», aclaró.
Segarra también se ha referido a la posibilidad de que los condenados en la causa contra el independentismo catalán cumplan sus penas fuera de las cárceles catalanas, para recalcar que la Fiscalía velará por el cumplimiento de la ley y ha lamentado que se pueda haber interpretado así.
En su Memoria Anual 2018, la Fiscalía General del Estado cuestiona que el sistema penitenciario catalán vaya a mantener la «tranquilidad e imparcialidad» necesarias a la hora de evaluar a los políticos juzgados por el proceso independentista de Cataluña en el caso de que finalmente sean condenados y cumplan allí sus penas.
«Las autoridades de la Generalitat de Cataluña, incluido el actual director general de Instituciones Penitenciarias, han mostrado públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto de los procesados por delitos muy graves que tuvieron lugar durante el denominado ‘procés’, a los que consideran presos políticos», reza el informe.
Sobre este punto, Segarra recordó que todas las Fiscalías cuentan con un servicio de vigilancia penitenciaria que vigila sobre derechos y libertades de los internos y el cumplimiento adecuado de la ley penitenciaria y ha explicado que en casos recientes «se ha recurrido concesiones de tercer grado porque no estábamos conforme con absoluta normalidad».
«Eso en ningún caso determina que preconicemos desde Fiscalía General que las personas que eventualmente sean condenadas en este procedimiento judicial no deban cumplir en Cataluña, en absoluto. Esta la fiscalía para velar por el cumplimiento de la ley», concluyó. EP.
