“La abogacía está comprometida en la defensa de los derechos de las consumidoras y los consumidores, básicamente porque siempre han sido la parte débil en las relaciones de consumo”, comentó Victoria Ortega en el transcurso de una jornada organizada por Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Consejo de Consumidores y Usuarios sobre esta temática.
En este encuentro celebrado este martes en el CGAE, a nivel de conclusiones se indicó la necesidad que se defina un documento contractual claro y preciso.
Especialmente en su objeto y precio, recogiendo con exactitud qué actuaciones se van a realizar y debe evitarse en todo momento incluir cláusulas que puedan resultar abusivas.
Hasta el momento muchos abogados emplean la hoja de encargo que sirve como vinculo contractual con sus clientes.
Para los consumidores es necesario que ese documento sea más claro y detallado y que contemple todos los gastos, incluso apelaciones, que puedan generar ese asunto, cuestión que no siempre se consigue.
Para la presidenta del CGAE hay que hablar “de un compromiso demostrado “todos y cada uno de los días de estos últimos años, que no han sido precisamente fáciles”, por la incertidumbre, inestabilidad, crisis económica y crisis de valores que se ha producido.
La defensa de la Abogacía de los derechos de los consumidores ha conllevado, según la presidenta del CGAE, “como es lógico”, a la interposición de procesos jurídicos y un mayor colapso de los tribunales, que hay quienes atribuyen, de modo “bastante perverso e injusto” a la Abogacía.
En ese preciso momento comentó que los abogados no tienen ninguna culpa del colapso de los juzgados por la avalancha de pleitos hipotecarios. “Rechazo enérgica y categóricamente este relato”, subrayó Ortega, que considera “tan perverso como injusto”.
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia
La primera mesa contó con la intervención de Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho del Consumo y miembro de la Subcomisión de Competencia y Defensa de los Consumidores de la Abogacía, quien lamentó “que los ciudadanos no cuenten con una auténtica Ley de Derechos ante la Justicia o una más global Ley Orgánica del Derecho de Defensa, sino como una Carta”.
Para Ribón el balance dicha Carta de Derechos los Ciudadanos ante la Justicia es descorazonador. Y esgrime tres razones “en primer lugar, la absoluta apatía de la clase política, con independencia de la anilina que, de tinte a su color político, para abordar una mejora real de la justicia».
«Otra cuestión importante es la falta de formación personal en la empatía y el respeto hacia el prójimo, ya sea ciudadano o profesional de la justicia. Y, por último, la omisión de los actores protagonistas de la justicia: consumidores y Abogacía”.
Dicho documento se encuentra estructurada en cuatro partes bien diferenciadas que proclama 41 derechos.
En primer lugar, se detiene en una Justicia, moderna y abierta a los ciudadanos. Una justicia que protege a los más débiles. Una relación de confianza con abogados y procuradores. Y, por último, la Carta habla de su eficacia como Carta de Derechos.
Este jurista explicó que “ya el TC en su Sentencia 45/90 advirtió que la provisión de medios suficientes a juzgados y tribunales guardaba una estrecha vinculación con la efectividad de la tutela judicial y que la carencia de esa provisión de medios podría suponer un serio daño a la eficacia de ese derecho».
«Han pasado 30 años desde entonces y la precariedad de medios es acuciante”.
Al mismo tiempo destacó que otro de los motivos que “han lastrado el desarrollo de una justicia eficaz y la verdadera consecución de
los objetivos pretendidos por la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Justicia, la omisión o el olvido de dos de los actores y auténticos protagonistas de la justicia: consumidores y ciudadanos”.
Ribón advierte que “se obvió la relevancia de su participación en la propia elaboración de la Carta. No hubo voz de los consumidores en el Informe de la modernización del lenguaje jurídico».
«La aprobación e implantación de los denominados coloquialmente juzgados especializados sobre cláusulas abusivas ha sido en contra de los pareceres de consumidores y Abogacía”.
Esta misma situación se generó “en el último Convenio aprobado el 12 de mayo de 2017, aprobado por Resolución de 5 de julio de 201729, en materia sobre la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia se ha celebrado entre el Consejo General del Poder Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos, con nueva ausencia de los consumidores, la abogacía y la procura”.
Pese a ello, este jurista cree que “la justicia, enferma, tiene cura, pero ello exige un tratamiento integral”, aclara.
¿Qué quieren los consumidores?
A continuación, Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) reflexionó sobre ¿Qué quieren los consumidores?, ponencia en la que destacó que la “Abogacía se ha volcado en la defensa de los derechos jurídicos de las personas consumidoras”.
Ballugera destacó que ante la incertidumbre que genera entre los consumidores la actuación de la CNMC para conocer el coste de los servicios jurídicos “existen bases para un consenso entre el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo de Consumidores y Usuarios para que exista información previa del coste de los servicios jurídicos y del importe en caso de condena en costas del letrado de la otra parte».
Recordó que, desde la crisis económica, esa relación se ha incrementado ya no solo en asuntos de pequeños cuantía, sino también por las cuestiones hipotecarias que han surgido a raíz de las interpretaciones del TJUE sobre diferentes cuestiones prejudiciales.
“Es importante mejorar esa relación de confianza, de tal forma que el consumidor sepa lo que le vale ese asunto y sus posibles incidencias».
Para este experto, la actividad del CGAE debe ir encaminada a explicar a sus abogados la necesidad de ser transparente y profesionalizar esa relación mediante contrato u hoja de encargo. También cree necesario que se apruebe una reforma que permita las demandas colectivas de afectados.
Entre los asistentes, Rosana Pérez Gurrea Abogada, Profesora de Derecho en la UOC y Vocal de la Subcomisión de Competencia y Defensa de los Consumidores del CGAE, destacaba esta jornada “que pone de manifiesto el compromiso del CGAE y de nuestra presidenta Victoria Ortega con la defensa de los derechos de los consumidores”.
Gurrea señala que “comparto su opinión de que no hemos sido los abogados los que hemos provocado el colapso de los juzgados, hacemos nuestro trabajo defendiendo los derechos de los consumidores ante la negativa reiterada de los bancos a devolver lo indebidamente percibido, dificultando los acuerdos y fomentando la litigiosidad”.
También valoró mucho las intervenciones de los ponentes.
Respecto a las conclusiones recordó esta jurista que “conviene que la relación contractual se formalice por escrito, con la firma de una hoja de encargo, un contrato de arrendamiento de servicios o medio equivalente”.
Sobre este documento contractual señaló que “debe ser claro y preciso, especialmente en su objeto y precio, recogiendo con exactitud qué actuaciones se van a realizar y debe evitarse en todo momento incluir cláusulas que puedan resultar abusivas”.
«Es fundamental que garantice la defensa de los derechos del consumidor”, apuntó.
Consumidores y operadores jurídicos
En la mesa redonda sobre ‘Consumidores y Servicios Jurídicos’ José Ramón Lozano Petit, vocal del Consejo de Consumidores y usuarios, ha realizado un resumen de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Ha subrayado la importancia de la hoja de encargo y el contrato, que no son obligatorios, pero sí importantes, porque constituyen un elemento de información al usuario.
En opinión de Jesús Sánchez, abogado, secretario del Colegio de la Abogacía de Barcelona y miembro de la Subcomisión de competencia y defensa de los consumidores del Consejo General de la Abogacía, es cierta la falta de medios materiales y humanos en el ámbito judicial en materia de consumo.
Pero no se puede centralizar toda la culpa en los órganos judiciales, “es injusto”.
Y ha añadido que “la culpa es de los legisladores”, que no han tenido visión para resolver algunos problemas. También ha criticado que la defensa de los derechos de los consumidores se ha convertido, para determinadas empresas mercantiles, en un nicho de trabajo que va en detrimento del consumidor.
Sanchez recordó que es inadmisible la demanda interpuesta por Bankia ante el Colegio de Barcelona “hemos hecho lo que dice la ley, no tiene sentido esa reclamación judicial”, apuntó.
