La Fiscalía Provincial de Madrid reclama 64 años de prisión para el magnate del acero José María Aristrain de la Cruz, por presuntamente haber defraudado a la Hacienda Pública 211 millones de euros, durante los ejercicios fiscales que van de 2005 a 2009, fingiendo su residencia en Suiza y ocultar sus acciones de Arcelormittal en Luxemburgo.
El fiscal Carlos García-Berro imputa a este industrial vasco un total de 15 delitos de elusión tributaria.
Reclama que Aristrain pague en concepto de responsabilidad civil 210.980.706 euros y que se le imponga una multa que ronda los 1.190 millones de euros.
El fiscal manifiesta que «con el objeto de no cumplir con sus obligaciones fiscales» con el Erario Público español, este industrial, «mediante un montaje puramente artificial, procedió a la deslocalización de su domicilio fiscal y de sus participaciones sociales para así «no tributar ni por su renta personal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ni por su patrimonio en el Impuesto sobre el Patrimonio, ni por los dividendos y plusvalías obtenidas por las sociedades por él controladas en el Impuesto de Sociedades».
«Todo ello, a pesar de que en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2009 residía en territorio español, donde mantenía sus relaciones económicas y personales más relevantes», añade.
El juicio contra José María Aristrain arrancará el próximo lunes, en la Audiencia Provincial de Madrid, a las 10.
Será juzgado por la Sección Segunda.
En su escrito de acusación, el fiscal Carlos García-Berro afirma que en 1998 José María Aristrain ordenó la constitución en Holanda de la sociedad Corporación JMAC. B.V. para acogerse “artificiosamente” y de forma “abusiva” al “muy beneficioso” tratamiento fiscal que rige en dicho país para una sociedad patrimonial de tenencia de participaciones “mediante la exención de tributos de los dividendos repartidos por las sociedades participadas y las plusvalías obtenidas por las ventas de dichas participaciones”.
Señala que cuando la sociedad dejó de gozar de ese ventajoso tratamiento fiscal en Holanda, Aristrain dispuso el traslado de su gestión a Luxemburgo, donde quedó constituida de la siguiente forma: el 100% era participada por la sociedad española Corporación J.M. Aristrain, que a su vez era poseída al 69,17% por José María Aristrain y el 30,83% por la Fundación Navarra Aristrain de la Cruz.
En realidad, según el fiscal, se trataba de una “falaz apariencia”, puesto que el control y la dirección efectiva de la Corporación estaba ubicada en Pozuelo de Alarcón.
Señal que de esta forma logró que sus empresas dedicadas a la industria del acero en España no tributaran al erario público por el impuesto de sociedades ni tampoco en Luxemburgo porque allí estaban exentas.
El fiscal también manifiesta que, con el mismo afán de eludir el pago de impuesto, en 2005 liquidó la sociedad Tenmat S.L. controlada por él mismo, si bien antes de hacerlo transmitió de forma “artificial” su titularidad de su corporación a otra llamada Corporación JMAC, B.V., “deslocalizando con ello la plusvalía obtenido que no tributó ni en España ni en Luxemburgo».
Indica que con ello causó un perjuicio a Hacienda de más de 130 millones de euros.
El fiscal relata que parte de los beneficios obtenidos por la corporación JMAC, B.V. eran reintroducidos en España y la otra parte desviados a distintas sociedades radicadas en paraísos fiscales.
Pone como ejemplo que una sociedad de Aristrain llamada International Restoration Cars Limited, domiciliada en Islas Vírgenes y que era utilizada por la corporación JMAC, B.V. para desviar fondos a través de otra sociedad maltesa llamada Wasp Limited, corrió con los gastos y mantenimiento del chalet en Suiza en el que “trapaceramente” fingía tener su domicilio, de su yate o de sus coches “que tampoco fueron declarados”.
Añade que, con el mismo objetivo de eludir el pago de impuestos, en 2005 “simuló” haber trasladado su domicilio social a Suiza, lo que originó un perjuicio a la Hacienda Pública de más de siete millones de euros por el IRPF y de casi tres millones por el impuesto de Patrimonio.
La Fiscalía sostiene que el perjuicio total causado a la Hacienda Pública alcanza los 210.980.706,23 euros.
