El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado a declarar en calidad de investigada el próximo 9 de octubre a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.
Su primera citación estaba prevista para este martes y fue suspendida por razones de agenda de su abogado, según informan a Europa Press en fuentes jurídicas.
Cifuentes está investigada en la trama Púnica de corrupción por la adjudicación de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco en los años 2009 y 2011.
En ese momento, ella presidía la mesa de contratación y además, formaba parte del comité de expertos que evaluó a los aspirantes.
Según el auto de imputación de García Castellón, aquel comité «valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor» de la empresa de Arturo Fernández.
«No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación» que dio luz verde a aquel informe con su propio voto a favor, conforme señala el auto, en el que se incide en que se siguió el mismo patrón cuando se volvió a adjudicar el servicio a la empresa de Arturo Fernández en 2011.
El auto recuerda que además, Cifuentes era Patrona de Fundescam en el año 2007, cuando se efectuaron las donaciones por el investigado Arturo Fernández, y formó parte del comité regional de campaña del PP de Madrid en aquellas autonómicas.
Aguirre y Cifuentes, imputadas por la presunta financiación irregular del PP de Madrid
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputó el pasado mes de septiembre a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
El motivo fue la presunta financiación irregular del PP regional, investigación que se enmarca en el ‘caso Púnica’, han informado fuentes jurídicas.
La pieza sobre presunta financiación irregular del PP del caso Púnica se basa en la investigación de la UCO de la Guardia Civil de los últimos meses.
Los informes del instituto armado aportaban indicios de la asistencia a reuniones clave con responsables de empresas como Indra o su conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam.
La investigación se abrió tras el hallazgo de una agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la trama Púnica, en la que puede leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero.
Ya en un informe firmado en marzo de 2017, Anticorrupción incluía a Aguirre en la lista de personas que habrían integrado la «red de decisión y ejecución cohesionada» que puso en marcha «diversos canales de financiación irregular».
Con el objetivo de «sufragar los excesos» de las campañas electorales del PP en 2007 (municipales autonómicas), 2008 (nacional) y 2011 (municipal y autonómica).
Todo ello tras analizar la contabilidad ‘b’ hallada en los ‘pen drives’ incautados en el domicilio de ex gerente regional Beltrán Gutiérrez.
