El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado este lunes a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
El motivo ha sido la presunta financiación irregular del PP regional, investigación que se enmarca en el ‘caso Púnica’, han informado fuentes jurídicas.
La pieza sobre presunta financiación irregular del PP del caso Púnica se basa en la investigación de la UCO de la Guardia Civil de los últimos meses.
Los informes del instituto armado aportan indicios de la asistencia a reuniones clave con responsables de empresas como Indra o su conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam.
La investigación se abrió tras el hallazgo de una agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la trama Púnica, en la que puede leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero.
Ya en un informe firmado en marzo de 2017, Anticorrupción incluía a Aguirre en la lista de personas que habrían integrado la «red de decisión y ejecución cohesionada» que puso en marcha «diversos canales de financiación irregular».
Con el objetivo de «sufragar los excesos» de las campañas electorales del PP en 2007 (municipales autonómicas), 2008 (nacional) y 2011 (municipal y autonómica).
Todo ello tras analizar la contabilidad ‘b’ hallada en los ‘pen drives’ incautados en el domicilio de ex gerente regional Beltrán Gutiérrez.
Reuniones del Partido Popular
Los indicios se reforzaron en un informe del pasado mes de marzo que situó a la expresidenta madrileña –sin concretar la fecha ni el papel que desempeñó– en varias reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño.
En ellas se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a las empresas de Daniel Horacio Mercado, uno de los empresarios que realizó trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007 por unos 151.500 euros.
En esas reuniones, según concretaban los informes, «se impartieron instrucciones precisas para que se facilitara la contratación» a las empresas Over Marketing, Traci, Abanico y Link y en las que participaron, «entre otros cargos de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre».
También el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el vicepresidente regional Ignacio González, junto al empresario Mercado.
La UCO apuntalaba su tesis con la declaración que el exconsejero de Sanidad de la comunidad Manuel Lamela prestó en sede policial, donde detalló en calidad de testigo «la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la Comunidad y la presidenta».
Cifuentes, también imputada
En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con pagos irregulares desde Fundación Fundescam a «determinados empresarios y organismos, que ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales».
Otro informe de la Guardia Civil también destacó que Cifuentes era «partícipe y conocedora» de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.
Estas adjudicaciones, por las que tuvo que comparecer en la Asamblea, se relacionan con las donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, que, de igual manera, habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales.
