La petición de declaración como investigadas de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza sobre presunta financiación irregular del PP del caso Púnica se basa en la investigación de la UCO de la Guardia Civil delos últimos meses.
Los informes del instituto armado aportan indicios de la asistencia a reuniones clave con responsables de empresas como Indra o su conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam.
La decisión de imputarlas se encuentra ya sobre la mesa del instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, y se incardina en una de las 11 piezas en las que se divide Púnica, la número 9, que es la que investiga la presunta financiación irregular del PP.
La investigación se abrió tras el hallazgo de una agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la trama Púnica, en la que puede leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero.
INDICIOS CONTRA AGUIRRE
Así, informes de la UCO sitúan a Aguirre en reuniones clave en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011, en las que Aguirre presidía a los ‘populares madrileños.
Ya un informe firmado en marzo de 2017, Anticorrupción incluía a Aguirre en la lista de personas que habrían integrado la «red de decisión y ejecución cohesionada» que puso en marcha «diversos canales de financiación irregular».
Con el objetivo de «sufragar los excesos» de las campañas electorales del PP en 2007 (municipales autonómicas), 2008 (nacional) y 2011 (municipal y autonómica).
Todo ello tras analizar la contabilidad ‘b’ hallada en los ‘pen drives’ incautados en el domicilio de ex gerente regional Beltrán Gutiérrez.
Los indicios se reforzaron en un informe del pasado mes de marzo que situó a la expresidenta madrileña –sin concretar la fecha ni el papel que desempeñó– en varias reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño.
En ellas se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a las empresas de Daniel Horacio Mercado, uno de los empresarios que realizó trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007 por unos 151.500 euros.
En esas reuniones, según concretaban los informes, «se impartieron instrucciones precisas para que se facilitara la contratación» a las empresas Over Marketing, Traci, Abanico y Link y en las que participaron, «entre otros cargos de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre».
También el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el vicepresidente regional Ignacio González, junto al empresario Mercado.
La UCO apuntalaba su tesis con la declaración que el exconsejero de Sanidad de la comunidad Manuel Lamela prestó en sede policial, donde detalló en calidad de testigo «la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la Comunidad y la presidenta».
También estaba la responsable de la Dirección General de Medios de Comunicación y Daniel Horacio Mercado, «donde se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over Marketing en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación».
Se trataba, según el planteamiento que hace la Guardia Civil, de saldar deudas con esta empresa sin que se haya localizado facturación de estos trabajos ni en la documentación intervenida a Over Marketing ni figure en la Agencia Tributaria actividad entre esta, Traci, Abanico y Link con el PP relacionada con estos servicios.
Sobre Aguirre, Mercado señaló por su parte durante declaración que realizó en su día ante el juez García Castellón que se había reunido con ella «muchas» veces aunque «nunca» hablaron del pago de los trabajos.
«Yo tuve reuniones con Esperanza Aguirre muchas, pero que ella me diga a mí o a la gente que esté conmigo de que me va a dar una campaña o así, no, no lo recuerdo».
«Sí es verdad que en los temas de creatividad ella opinaba mucho, participé en muchas reuniones con ella, no era una persona que no se involucraba», afirmó.
La siguiente vez que Aguirre fue señalada por la UCO fue en junio, cuando otro informe la situó en reuniones del Gobierno autonómico con Indra —antes de la llegada de Fernando Abril–, que supuestamente habría financiado con 566.497,58 euros la campaña electoral de 2011.
«Dichos servicios, según documentación de la propia Indra Sistemas, no habrían sido efectivamente acometidos».
«Además, según las mismas fuentes, esta forma de proceder ya se habría registrado en el año 2008, tras los comicios del año 2007», subrayaba el informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6.
Según la UCO, los fondos que habría aportado Indra fueron a petición de altos cargos de la Comunidad de Madrid y «habrían servido para retribuir los trabajos» que el entramado empresarial había prestado al PP de Madrid, sirviéndose de la empresa pública Agencia de Informática y Telecomunicaciones (ICM).
Ese entramado al que se refiere la Guardia Civil son Juan Miguel Madoz, administrador de Swat S.L., y el empresario Óscar Sánchez Moyano, quienes mantenían contactos frecuentes con Ignacio González que fueron reflejados en la agenda del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
A estas reuniones, según la agenda de González, asistían también otras autoridades del Gobierno autonómico del PP.
Entre ellas se encontraba la propia presidenta Aguirre, el que fuera secretario general PP de Madrid Francisco Granados y otros exresponsables del PP madrileño como Borja Sarasola o Salvador Victoria.
Si el juez instructor acepta investigar a Aguirre, su nombre se sumará a la lista de exdirigentes madrileños imputados por la presunta financiación irregular del PP de Madrid, como el que fuera su mano derecha Francisco Granados.
Este es considerado el ‘cabecilla’ de la Púnica, y su sucesor en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, principal investigado en el caso Lezo y cuya imputación también se ha pedido en esta causa.
En abril del año pasado, Aguirre reconoció en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP en el Congreso de los Diputados que le gustaría «mucho» que exculparan a Granados y González, además de reconocer que visto lo visto no tiene «dotes de cazatalentos».
Ese día manifestó que cuando llegó a la Presidencia del PP de Madrid no «montó» ningún sistema de financiación, sino que se mantuvo el que ya estaba funcionando entonces.
En ese momento, precisó que «no ha habido ninguna financiación ilegal en el Partido Popular de Madrid» hasta donde ella sabía «por lo menos».
INDICIOS CONTRA CIFUENTES
En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con pagos irregulares desde Fundación Fundescam a «determinados empresarios y organismos, que ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales».
Otro informe de la Guardia Civil también destacó que Cifuentes era «partícipe y conocedora» de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.
Estas adjudicaciones, por las que tuvo que comparecer en la Asamblea, se relacionan con las donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, que, de igual manera, habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales.
