Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han declarado este lunes en el Tribunal Supremo que el piso ubicado en la Plaza de España de Madrid en el que residía Jessica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, constituía una “casita de novios” entre ambos y que el inmueble respondía a una “contraprestación” del empresario Víctor de Aldama para “tener comprada” su “voluntad”.
Durante su declaración en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, los investigadores han defendido la solidez de su trabajo frente a los cuestionamientos planteados por las defensas de Ábalos y de su exasesor Koldo García.
Según han explicado, los primeros indicios documentales se remontan a marzo de 2019, cuando Koldo García envió 15 imágenes del apartamento a Jessica Rodríguez.
A partir de ese momento, las gestiones se canalizaron “a través de terceros”, especialmente mediante Alberto Escolano, socio de Aldama, quien se encargó de localizar un inmueble acorde a las preferencias de Rodríguez para establecerse en lo que ella misma denominó su “casita de novios” con el exministro.
En relación con la financiación del alquiler, los agentes han indicado que los problemas que pudieran surgir en el apartamento eran comunicados por Rodríguez a Ábalos, quien trasladaba dichas incidencias a Koldo García mediante capturas de pantalla para su resolución.
El alquiler de Jessica Rodríguez
Los investigadores han señalado que el exasesor abonó dos mensualidades del alquiler, si bien han precisado que no han podido acreditar “con fehaciencia” que Alberto Escolano le reintegrara posteriormente esas cantidades.
No obstante, han apuntado que “se intuye” que el dinero adelantado por Koldo sería devuelto.
Preguntados sobre un posible uso empresarial del inmueble, los agentes han respondido que no tienen constancia de ello, aunque han reiterado que resulta “manifiestamente claro” que la finalidad del piso era servir como residencia para la relación personal entre Rodríguez y Ábalos.
Asimismo, han afirmado que Escolano abonaba el alquiler actuando “a órdenes de Aldama”, lo que, a su juicio, evidencia que el inmueble constituía una “contraprestación” consistente en facilitar un acceso privilegiado al entonces ministro.
En este sentido, han señalado que dicho acceso “vale lo que ellos hayan estipulado”, en la medida en que el empresario podría reclamar posteriormente los beneficios derivados de las contraprestaciones efectuadas.
“Lo que tenemos claro es que eso está ocurriendo porque Víctor de Aldama necesita, o quiere, o entiende que de esa manera va a tener comprada la voluntad del ministro”, han concluido los agentes en su testimonio.
