El aspirante a comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, ha manifestado hoy en su examen ante el Parlamento europeo, al que se somete para obtener el aval de la Eurocámara, que se compromete a vigilar la aplicación de la orden europea de detención y entrega (OEDE) por parte de los Estados miembros, así como a revisar el sistema si la evaluación que Bruselas está llevando a cabo concluye que no funciona.
«Seguiré vigilando la aplicación y trabajaré estrechamente con ustedes y con los Estados miembro para seguir mejorándola», ha manifestado al inicio de su intervención.
Reynders, aún viceprimer ministro en funciones del Gobierno belga, también ha asegurado que «a la luz» de las conclusiones que el Ejecutivo comunitario saque de la evaluación en curso, él mismo considerará «seriamente» si procede «presentar una propuesta para revisar» la euroorden.
Además, ha apuntado la necesidad de avanzar para adaptar los sistemas judiciales nacionales y ha señalado la importancia de «reforzar el clima de confianza» entre los Estados miembro.
Los 26 comisarios designados por Ursula von der Leyen para formar su equipo de Gobierno acuden desde este pasado lunes a las audiencias del Parlamento Europeo.
Cada comisario participa en una audiencia con la comisión parlamentaria a cargo de su cartera. En el caso de Reynders, ante la comisión de Asuntos Jurídicos y la de Libertades Civiles.
Este proceso se prolongará durante seis jornadas no consecutivas hasta el próximo 8 de octubre.
Cada candidato pronuncia un discurso de unos 15 minutos y después responde oralmente a 25 preguntas, tras las que puede hacer una intervención final. El proceso dura tres horas.
El pasado viernes, Didier Reynders ya se comprometió a «considerar seriamente» la posibilidad de revisar las reglas de la orden europea de detención y entrega en su respuesta al cuestionario escrito que tuvo que presentar ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) ante la que hoy se ha examinado oralmente.
En el cuestionario, los eurodiputados introdujeron una pregunta sobre este asunto a petición de Ciudadanos, con el respaldo de ‘populares’ y liberales.
En su respuesta, Reynders subrayó que la euroorden es un «instrumento esencial» de la Unión Europea en el campo de la Justicia y recordó el Ejecutivo comunitario está analizando el grado de cumplimiento por parte de los Estados miembros del reglamento.
«Un sistema de euroorden exitoso depende enteramente de una cooperación efectiva entre los Estados miembros», indicó Reynders.
Didier Reynders ha anunciado hoy en el transcurso de su examen en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo que la evaluación de cumplimiento de la euroorden que está llevando a cabo la actual Comisión estará lista a principios de 2020.
La aún comisaria de Justicia y futura vicepresidenta comunitaria responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, admitió el mes pasado deficiencias en la aplicación de la euroorden por algunos países y avanzó que la Comisión estudiará sanciones contra los países incumplidores si la evaluación concluye que existen fallos graves.
Jourova hizo este anuncio a la eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.
Hasta el momento, Bruselas había defendido que el sistema de euroórdenes «funciona» y que no era necesario revisar la decisión marco ni el catálogo de delitos para la entrega automática de un sospechoso, a pesar de las quejas de España, que reclama una reforma profunda.
El pasado 25 de julio, Pagazaurtundúa se dirigió a la responsable comunitaria a través de una misiva para alertar del riesgo de impunidad por la mala aplicación del sistema y aludía a la falta de confianza mutua entre Estados miembro.
Señalaba la «incorrecta aplicación» de la euroorden en casos «graves» como los del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y de la presunta etarra Natividad Jáuregui, reclamados por las autoridades judiciales españolas, pero que Alemania y Bélgica rechazaron extraditar.
Pagazaurtundúa considera «absolutamente necesario» que se inicie una revisión de las reglas de la euroorden, porque la experiencia demuestra «disfunciones y abusos» que se corregirían con cambios como la actualización de la lista de delitos para la extradición automática, de modo que haya criterios «mucho más claros» y con seguridad jurídica.
LA AMENAZA DE LOS NACIONALISMOS Y POPULISMOS
El que será comisario de Justicia de la Comisión de Ursula von der Leyen, si obtiene luz verde de la Eurocámara, tendrá competencias en materia de Estado de derecho, Justicia y Protección del Consumidor.
En el repaso de las que serán sus prioridades en la legislatura que arrancará en noviembre, Reynders ha subrayado la protección de la paz, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, con el compromiso de proteger los valores comunes de democracia y derechos fundamentales.
El político belga ha celebrado los logros de la Unión Europea, que, tras décadas de trabajo, legisla «para el bienestar de los ciudadanos, en lugar de luchar por territorios»; y se ha comprometido a avanzar en el proyecto europeo, preservando la diversidad de culturas y lenguas de Europa.
También ha avisado de que para que Europa pueda ejercer una posición de liderazgo es necesario que actúe de manera «unida» y deje atrás los nacionalismos y populismos.
«El mundo que nos rodea se ha vuelto más fracturado y más inestable. Los valores que defendemos están amenazados por quienes quieren volver a la retórica nacionalista y populista que debería haber quedado en el pasado», ha defendido Reynders, para quien esta amenaza persiste por parte de «naciones que buscan dominar y no cooperar».
El liberal belga ha insistido, además, en su objetivo de reforzar los mecanismos para la protección y promoción del Estado de derecho dentro y fuera de la Unión Europea, incluido con un nuevo instrumento que prepara Bruselas para el control anual del cumplimiento por parte de los Estados miembro.
El objetivo, ha explicado, es supervisar en todos los Estados miembro que se respetan los principios y valores democráticos, «con mayor atención en donde haya riesgos identificados». «No dudaré en actuar si el Estado de derecho está en peligro, ni dudaré si la democracia está en juego», ha subrayado.
SE DEFIENDE DE ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN
Reynders ha aprovechado su intervención inicial para defenderse de la acusaciones de presunta corrupción y blanqueo de capitales que un exagente de los servicios de Seguridad del Estado belga presentó contra él.
En septiembre se dio a conocer que la Fiscalía había iniciado una investigación sobre el candidato a comisario por estas acusaciones, pero la semana pasada decidió cerrar el caso por falta de pruebas.
Esta semana el denunciante presentó una segunda denuncia por supuestas amenazas.
Reynders ha apelado a la presunción de inocencia y subrayado que las autoridades judiciales han desestimado el caso. Ha asegurado ser víctima de «ataques maliciosos» por parte de alguien que busca «desestabilizar».
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