Ángel González Acosta hace casi nueve años que está, oficialmente muerto para la justicia española.
Así fue inscrito en el Registro Civil del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de los Llanos de Ariadne, en la Isla de la Palma el 3 de noviembre de 2010.
Tres años antes, en 2007, una de sus hijas, María González, solicitó incoar el procedimiento, porque de su padre, que se había marchado a Venezuela para hacer las Américas en 1978, nada se había sabido desde entonces.
Era un desaparecido.
Sólo había dos posibilidades: O había muerto en Venezuela o se había olvidado de su familia española.
La familia, como es lógico, apostó por la primera opción.
El órgano judicial abrió una investigación entonces para determinar si Ángel González Acosta había fallecido, como afirmaba su hija.
En el momento de la solicitud, en 2007, el hombre debía tener 74 años,
Como no se hallaron rastros de ningún tipo, las autoridades judiciales hicieron lo que se debía hacer: publicar los correspondientes edictos en el Boletín Oficial del Estado –que con toda seguridad no leería–, se hicieron anuncios en Radio Nacional de España y se publicaron dos anuncios en el periódico Diario de Avisos de Tenerife, pidiendo a los lectores noticias sobre su paradero.
También se interrogó a varias personas y se envió una petición al Censo de Venezuela, para que certificara si estaba vivo o muerto.
La respuesta fue negativa. No había información alguna.
Fue encontrarse con un muro.
Por ello, el juez envió el expediente del caso al Ministerio Fiscal, que, de acuerdo con el artículo 193 del Código Civil y el 2042 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, informó positivamente a la petición de María González, dando luz verde para declarar a Ángel González Acosta oficialmente muerto.
El 3 de noviembre de 2010, el Juzgado de La Palma declaró fallecido a Ángel González Acosta, con fecha efectiva de muerte de 1 de enero de 2008.
Así finalizó el procedimiento 370/2007, que se declaró archivado en firme el 10 de febrero de 2011.
PERO ÁNGEL GONZÁLEZ ACOSTA NO ESTABA MUERTO
Sin embargo, el desaparecido Ángel González Acosta no había fallecido.
Estaba vivo y coleando, con 86 años años a sus espaldas, una barba a lo Ramón María del Valle Inclán, completamente calvo y una boca casi ausente de dientes.
El «desaparecido», después de llegar a Venezuela, se había olvidado de su familia española, de su mujer y de su hija pequeña, y había formado otra. Incluso tenía una hija, Angélica, de 39 años, con la que vivía en su ancianidad.
Se convirtió en bígamo.
Para demostrar que estaba vivo subió a las redes sociales un vídeo en el que declaraba, mirando a cámara, y leyendo lo escrito: «Hoy 23 del 9 de 2019, yo Ángel González Acosta declaro que estoy vivo en Venezuela. El Juzgado de Primera Instancia de Canarias, España, me declaró fallecido estando vivo. Por favor, hacer mirar este video. Gracias».
Desde el 27 de julio de 2018, un representante legal en España del falso desaparecido solicitó que se incoara un nuevo procedimiento al mencionado Juzgado para que se revocara la declaración de su fallecimiento.
Curioso, tal vez, nuevo: que una persona tenga que acreditar su vida.
Pero más allá de lo absurdo y surrealista que guarda esta noticia, está un complejo entramado de asuntos legales a resolver para poder estar realmente vivo, porque, declarado muerto, González Acosta apenas puede moverse: y es que, además de los costes de un desplazamiento a España, emerge la incertidumbre de ser autorizado para entrar, al fin y al cabo, está muerto.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias trata ahora de contactar con el interesado, pues, “sólo él puede acreditar su identidad y que la declaración de fallecimiento es errónea”.
Pero hasta que eso ocurra, Ángel González Acosta llevará oficialmente muerto 11 años –como se suele decir– a todos los efectos.
