García-Castellón rechaza imponer los 50.000 euros de fianza al exnúmero 2 de la Policía, como pedía Anticorrupción

El magistrado Manuel García-Castellón ha rechazado imponer la fianza de 50.000 euros al comisario Eugenio Pino, exdirector Adjunto Operativo (dAO) de la Policía Nacional, tal como solicitó la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la causa operación «Kitchen», en la que figura como investigado, según han informado fuentes jurídicas.

Anticorrupción solicitó esta medida cautelar para Pino tras escucharle por segunda vez en declaración como investigado por este operativo desplegado bajo su mando, sin supervisión judicial y costeado con fondos reservados para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación sensible que obraba en su poder, según la tesis de los investigadores.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional rechazó la petición ya que al comisario Pino -número 2 de la Policía Nacional entre 2008-2016– se le retiró el pasaporte y se le impuso la prohibición de salir de España tras comparecer ante García-Castellón el pasado mes de enero.

Entonces declaró como imputado por los delitos de prevaricación, cohecho, malversación y allanamiento en relación a esta causa durante más de cuatro horas.

Asumió la responsabilidad del operativo Kitchen, destinado según los investigadores a destruir pruebas que perjudicasen al PP en el caso de su caja b, mediante el uso de fondos reservados.

Según Pino, estaba encaminada a recabar pruebas contra el extesorero Luis Bárcenas, y sostuvo que no recibió órdenes del entonces director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, ni del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, o del ministro de Interior con quien mantenía una estrecha relación y le condecoró por sus servicios, Jorge Fernández Díaz.

Pino también asumió la responsabilidad de la distribución de fondos reservados para el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, con el objetivo de que espiase al extesorero.

No obstante, declaró que era el secretario de Estado de Seguridad, entonces Francisco Martínez, quien disponía de la llave de la caja de los fondos reservados.

Una afirmación que ratificó en esta segunda sesión. El operativo, cuya legitimidad defiendió, se hizo con pleno conocimiento del secretario de Estado de Seguridad.