Política, poder judicial y Estado de Derecho

Tras una desalentadora puesta en escena, en la que los padres de la patria nos han obsequiado con un nuevo vodevil en el que consenso y el bien común eran meros figurantes, se nos sitúa otra vez a los ciudadanos en la tesitura de una nueva convocatoria electoral.

El desánimo por la incapacidad de nuestros representantes para cumplir con el cometido democrático de gobernar, la experiencia acumulada en la corrupción sistémica, y la distancia que acrece entre los ciudadanos y sus representantes, va germinando en una creciente desconfianza hacia los partidos políticos y sus líderes y una evidente desafección con la política.

Ahora bien, todo el devenir de los acontecimientos desde que celebramos las últimas y fallidas elecciones para formar gobierno, no ha sido plenamente vano.

Si de algo han servido las idas y venidas, reuniones y comparecencias, ha sido para dejar entrever cómo pretenden abordar nuestros políticos ciertos asuntos esenciales para la marcha del estado de derecho; propuestas, por cierto, que se ofrecen a veces como conejos salidos de la chistera, que nada tienen que ver con el programa político que se presentó a la ciudadanía antes de las elecciones.

Uno de estos asuntos que se ha puesto sobre la mesa para llegar a consensos es la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal.

Bajo el loable desiderátum de que la pertenencia al cuerpo de jueces no sea prerrogativa exclusiva de unos privilegiados, se ha afirmado que resulta necesario reformar el actual sistema de elección de nuestros jueces.

NO ES VERDAD QUE EL ACCESO A LA JUDICATURA ESTÉ RESERVADA A UNA ESPECIE DE ARISTOCRACIA

Sin embargo, la consideración de que la judicatura en España, con el actual sistema de elección, está reservada a una especie de aristocracia, no se ajusta en absoluto a la verdad.

Aunque el sistema pueda resultar mejorable, el actual acceso a la carrera judicial ha demostrado que no privilegia a personas con especiales capacidades económicas o relaciones sociales.

Es cierto que exige una dedicación exclusiva por un prolongado periodo de tiempo, pues se trata de una de las oposiciones más exigentes para quien aspira a ser un servidor público, pero la realidad sociológica de los integrantes de las carreras judicial y fiscal (se accede con la misma oposición), responde a un reflejo fiel de la propia sociedad en que vivimos y desmiente rotundamente la premisa en que se asienta la propuesta.

Sugerir que los jueces son personas alejadas de la sociedad y agraciadas por una situación económica o de poder que les ha facilitado el cargo y que esa situación es necesario cambiarla, además de resultar una falacia, supone sembrar la duda sobre su legitimidad y adentrarse en la senda de los postulados populistas que campan actualmente por un buen número de países de la Unión Europea, en los que se asiste alarmantemente a un retroceso de la independencia judicial y de los estándares de garantías del Estado de Derecho, tal como reiteradamente viene denunciando la Comisión Europea y otras prestigiosas instituciones como la Unión Internacional de Magistrados o el Relator de Naciones Unidas para la independencia judicial.

UNA ESTRATEGIA DE LAS IDEOLOGÍAS POPULISTAS

Un denominador común de las ideologías populistas es afirmar que el poder judicial está formado por élites que detentan un poder que no debe reconocérseles, pretendiendo sustituir así la legitimación del poder judicial por la exacerbación del poder del ejecutivo, en la consideración de que la elección democrática atribuye sobre los representantes políticos la única y total representación del pueblo.

Con ello se pervierte la esencia de la separación de poderes que, precisamente, justifica la existencia de un poder judicial independiente como máxima garantía de todos, para evitar, entre otras cosas, los eventuales excesos de los integrantes del poder político frente a los ciudadanos.

Los populismos olvidan esa ventaja capital instaurada en provecho de la ciudadanía y sostienen que la autoridad, las estructuras, la organización y el orden, resultan formalismos encorsetados que alejan las cosas de su esencia, y postulan en cambio un sentimentalismo y un paternalismo, en el que se debe asignar al líder la totalidad del poder para que, campando a sus anchas sin restricciones, con la adecuada pedagogía legislativa, muestre al pueblo “soberano” cómo tiene que pensar, anulando o controlando de paso, cualquier vestigio de resistencia como el pluralismo ideológico o la sujeción al Derecho que pueda venir impuesto por otros poderes independientes como es la Justicia, a la que se presenta como una amenaza para ese idílico horizonte.

La desafortunada sugerencia sobre la falta de legitimidad de los jueces y fiscales se hace además en un contexto en el que la confianza ciudadana resulta especialmente volátil hacia la Justicia; un poder como ningún otro que transita de la adhesión plena a la frontal oposición popular, según se pronuncie a favor o en contra de nuestras propias consideraciones. Y que demanda por ello un reconocimiento institucional, alejado de propuestas frívolas y carentes de sustento real.

Un poder que compone calladamente miles de controversias cada año, facilitando la convivencia pacífica de los ciudadanos  y que normalmente huye del protagonismo que pueda facilitar los medios de comunicación, pretendiendo la mayor parte de las veces que un exceso de exposición no condicione el bien más preciado de un juez: su independencia.

Sin embargo, esa discreción no debe confundirse con una resignación mansa frente a los ataques a la independencia judicial, que constituye una garantía capital del estado de derecho; incluso frente a los que puedan parecer menos ofensivos por representar una mera ocurrencia sin demasiado recorrido, como es el caso de la propuesta que se ha puesto sobre la mesa sobre la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal.

Por eso nos vemos en la obligación de reivindicar y hacer una llamada a la sensatez ciudadana para poner de manifiesto lo infundado del ataque a la legitimación judicial y reivindicar de paso la imparcialidad y calidad de la justicia que, con sus deficiencias y posibilidades de mejora, sirve con razonable eficacia a la gran nación a la que pertenecemos.