Miembros de ASNALA posando con la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la clausura del XX Congreso, que terminó el pasado sábado en Segovia.
Expertos en derecho laboral piden que se mantenga la flexibilidad en la contratación ante una posible recesión económica
|
28/10/2019 06:30
|
Actualizado: 27/10/2019 21:23
|
Los datos aportados por instituciones como FMI o Banco Central europeo indican una posible desaceleración donde la precarización y destrucción del empleo podría ser un elemento a considerar.
Desde el Fondo Monetario Internacional Europeo y el propio Banco Central Europeo ya se ha dado la voz de alerta.
En nuestro país, la encuesta de población activa (EPA), al igual que las afiliaciones a la Seguridad Social, confirman que el empleo se ha frenado en seco.
En el cuarto trimestre de 2018 el empleo crecía cerca del 0,9% trimestral. Ahora solo un 0,1%
En este XX Congreso de ASNALA, celebrado en Segovia entre el jueves y el sábado pasado, se han dado cita los principales expertos del derecho del trabajo de nuestro país, muchos socios de esta entidad.
Con algunos de los cuales hemos hablado-
Para Ignacio Sampere, Legal Council (asesor legal) de BDO y miembro de la Junta de esta entidad, “la economía europea se acerca a una recesión. Desde el punto de vista laboral hemos logrado reducir a menos del 15% las cifras de desempleo, el marco legal del 2012 ha contribuido a ello”.
Sampere reconoce que este contexto legal, producto de la reforma laboral del 2012 “no contenta a todos, hay voces que piden ciertos cambios pero siete años después afrontar una reforma integral no tendría mucho sentido. Habría que hablar de algunos ajustes porque todo es mejorable. Sin embargo mantendría la flexibilidad introducida que frenó la destrucción de empleo anterior al propio 2012 y que desaparecieran muchas de ellas”.
El problema de esta nueva recesión es el efecto que puede hacer sobre el empleo de calidad. Así lo señalan todos estos juristas consultados en este reportaje.
A juicio de Sempere, “hay que darse cuenta que somos un país de pequeños empresarios que toman decisiones en función de lo que les irá bien. Miran siempre con desconfianza el contrato de trabajo porque les impone ciertos compromisos. Le es muy difícil crear un empleo de calidad. Ahora tendremos que hacer un esfuerzo para preservar el empleo que tenemos desde un entorno flexible”.
Por su parte, Bernardo García, abogado de UGT, se desmarca de esta tendencia y no acaba de ver realmente el fenómeno de la recesión.
«Está claro que con las medidas de la reforma laboral del 2012 muchas no han dado resultado. Es la oportunidad ahora para hacer cambios de calado. No ha habido un aumento significativo de convenios colectivos de empresa respecto de los sectoriales. Tampoco dio juego la cláusula de descuelgue de las comisiones consultivas. El número de descuelgues ha sido escaso», dice.
Sobre la reforma laboral del 2012, considera que “ha sido un fracaso, incluido para quienes la pusieron en marcha. Se ha precarizado cada vez más el mercado laboral. Las rentas salariales han disminuido y cobran cada vez menos. El mileurismo es ahora un objetivo y no una tendencia. Creo que hay que hacer cambios importantes, en sectores como el de la subcontratación donde se producen un abaratamiento de las condiciones laborales y de los cotes salariales”.
García, abogado en muchos de los asuntos entre repartidores y plataformas digitales considera que este debate abierto hay que buscarle una solución que defienda a estos potenciales trabajadores “es inquietante que el presidente del Gobierno en funciones haya hablado de una regulación especial de estos profesionales. No creemos que sea necesario porque ya tenemos el marco actual del Estatuto de los Trabajadores. Es posible que haya que hacer un convenio colectivo específico para esta actividad y sus especifidades concretas”.
Ana Gómez, presidenta de ASNALA entre el catedrático de Derecho del Trabajo, Guillermo Barrios y Alberto Novoa, director área laboral de CECA Magan.
SER PRUDENTES CON LOS CAMBIOS JURÍDICOS
Por su parte Antonio Pedrajas, socio director Abdon Pedrajas, destaca que en este nuevo escenario que se avecina, “la recesión no será tan fuerte como la del 2012. Por lo tanto, hay que ver su impacto sobre el empleo. El tema es preocupante porque el índice de desempleo en nuestro país es elevado y veremos a ver si realmente hay destrucción de empleo y si hay conversión del empleo actual en otro de peor calidad”.
Pedrajas es partidario de mantener medidas de flexibilidad interna existentes “adaptaciones que permitan ajustes sin tener que reducir volumen de empleo, con el límite de no crear infraempleos de mala calidad que no cubran necesidades básicas”.
Desde su punto de vista, la reforma del 2012, “que ya ha tenido ajustes de materias interpretables o más gravosas, gracias a las sentencias del Supremo o TJUE no debería modificarse de forma importante, salvo en ajustes concretos como la prioridad aplicativa de los convenios de empresa”.
Sobre los últimos cambios normativos, tales como registro de control de jornada o la llamada jornada a la carta, este experto cree en cuanto al registro “deberían ser normas específicas por sectores. Imponer este registro de jornada en algunos sectores va contra la realidad de las cosas, como es el caso de la abogacía. Un reglamento general no tendría sentido porque hay mucha heterogeneidad de empresas y no debería frenar la flexibilidad en las empresas”.
María José Ramo, socia de Garrigues y miembro de la junta de ASNALA, cree que “podremos vivir situaciones que son afines a cualquier crisis. Habrá primero una contracción. Las empresas empiezan a mostrar signos de no invertir y no crecer en plantilla. El segundo paso es cuando empieza a notarse en el empleo. La reducción de las ventas supondrá contracción en no contratar y luego podrán venir despidos colectivos para adaptarse a las nuevas circunstancias de la empresa”.
En este escenario, y aquí coincide con otros expertos en derecho del trabajo consultados, “es bueno que la normativa existente se aplique con cierta flexibilidad y, en definitiva, se trata de apaciguar el ambiente. Es muy importante que tampoco se piense que la situación va a ser muy negativa. Meter miedo nunca a nuestros empresarios nunca es bueno”.
Sobre cambios normativos como control de registro de jornada y la llamada jornada a la carta considera que “están generando conflictividad en el seno de las empresas porque la normativa es confusa. Los trabajadores empiezan a pedir masivamente ese cambio de jornada y generan una carga de trabajo notable para las empresas. AL final los turnos peores nadie los quiere hacer. En cuanto al registro de jornada “ necesitamos un Reglamento porque hay muchas dudas interpretativas sobre su aplicación”.
EL DERECHO DEL TRABAJO, ADAPTABLE A SU ENTORNO
Desde Sagardoy AbogadoS, Román Gil, uno de sus socios, comenta que “el derecho del trabajo siempre tiene que adaptarse a dos grandes cuestiones: la protección de los trabajadores y su inclusión en un modelo en Europa donde pretende darle cierta tuitividad y, al mismo tiempo, se tiene que adaptar también a las necesidades productivas de las empresas y a un mercado siempre cambiante por diferentes motivos”.
Gil cree que se trata de buscar los equilibrios adecuados entre protección y organización empresarial adecuada “en cuanto al asunto de las plataformas tecnológicas se requiere una regulación específica de esta actividad, no tan preconcebida en modelos de relación laboral como si fueran un fí en sí mismo, sino que mantengan esa doble condicione de protección y adaptación”.
Para Gil, la última Directiva europea sobre Transparencia, Información y Condiciones de trabajo que se implementará en dos años es interesante para explorar caminos que dentro de la laboralidad “permiten la adaptación a nuevas formas organizativas y productivas”.
Respecto a la necesidad de hacer algún cambio en este escenario actual, derivado de la reforma laboral del 2012, Gil aclara que “ los cambios siempre hay que hacerlos. Esa reforma laboral buscó fórmulas que desde la flexibilizacion impidieran los despidos, fue algo valioso aunque tuviera algunas disfunciones. Se trata de proteger los dos valores, la protección e inserción adecuada del trabajador y al mismo tiempo la adecuación a la realidad económica”. En una situación de crisis se podría generar más temporalidad en el empleo.
Para Alberto Novoa, director del área laboral de Ceca Magán Abogados e integrante de la Junta Directiva de esta entidad, “sabiendo que viene una crisis económica es momento cambiar de pocas cosas. No sería partidario de modificar las medidas de flexibilidad interna y externa que existen en estos momentos”.
Novoa no cree que haya que modificar de forma sustancial la reforma laboral. “Hay ciertos ajustes que habría que hacer pero solo en temas puntuales”.
En su opinión hay que clarificar la situación laboral de las plataformas tecnológicas y su repartidores, donde los fallos judiciales no acaban de decantarse por alguna de las dos tendencias existentes en el mercado. Hay una necesidad social en este tema y habrá que ver al final si hay reforma legislativa de qué forma y cómo se afronta para un sector que está creciendo exponencialmente en los últimos años”.
Novoa reconoce que este es un un asunto muy delicado: quién es trabajador y quién es empresario unipersonal.
Opina que las fronteras de la relación laboral por cuenta ajena no son ni pueden ser una realidad estática, son sensibles a los cambios sociales, tecnológicos, culturales, etc.
«Las tecnologías están transformando el modo de prestación de servicios, y es necesario que legislador y agentes sociales redefinan y modulen los conceptos de ajenidad y dependencia», concluye.
Noticias Relacionadas:
