La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene previsto pedir mañana al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’, que sume tres reclamaciones internacionales a la ya cursada contra el expresidente catalán Carles Puigdemont respecto de otros huidos: los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig (en Bélgica) y Clara Ponsatí (en Escocia).
Así lo publica Europa Press, citando fuentes del Ministerio Público.
Informa que el Ministerio Público también está estudiando la reclamación a Suiza de la secretaria general de ERC Marta Rovira, pero que su caso lo dejarán para más adelante dada la complicación que presenta el procedimiento en Suiza, donde no puede hacerse mediante Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).
También indica que, según las mismas fuentes, de momento descartan solicitar la entrega de otros huidos como son la exconsejera Meritxell Serret, que fue consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en Bélgica; y de la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, quien se encuentra en Suiza.
En el primero de los casos la decisión tiene mucho que ver con el resultado que tuvo la sentencia del ‘procés’ para tres exconsejeros que, al igual que Serret, únicamente venían siendo acusados por presunta desobediencia y malversación, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila, y que fueron absueltos del segundo de estos delitos.
El delito de desobediencia conlleva únicamente pena de inhabilitación y multa, por lo que se descarta reactivar contra ella una orden de entrega e ingreso en prisión.
En cuanto a Gabriel, su búsqueda viene tiempo siendo descartada ya que únicamente está procesada por presunta desobediencia.
Europa Press informa que sobre Comín, exconsejero de Sanidad, y Ponsatí, extitular de Educación, se pedirá la entrega por presuntos delitos de sedición y también de malversación en relación con locales dependientes de sus departamentos que habrían puesto a disposición del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
En relación con el exresponsable de Cultura Lluís Puig indica que existe una factura por valor de 200.000 euros aún por aclarar que podría determinar su petición de entrega, según las mismas fuentes, y se le reclamará por presunta malversación y desobediencia.
En cuanto a Rovira, procesada por presunta rebelión, según Europa Press, la Fiscalía señala que en el caso de solicitarse su entrega será por presunta sedición, al igual que se ha hecho en el caso de Puigdemont, «si bien tienen en cuenta que el país helvético se ha negado siempre a entregar a las allí escondidas y en todo caso no estaríamos hablando de una euroorden (OEDE), sino de una petición de extradición».
El magistrado instructor del ‘caso procés’ reactivó el pasado 14 de octubre la euroorden de detención y entrega de Puigdemont por los presuntos delitos de sedición y malversación de caudales públicos, acordando su búsqueda e ingreso en prisión.
La Justicia belga aplazó ayer la vista al 16 de diciembre.
