Ron atribuye a Saracho la quiebra del Popular porque entró aupado por Del Valle y Reyes Calderón para vender el banco
Ángel Ron (a la derecha), a su llegada a la Audiencia Nacional acompañado de su abogado José Antonio Choclán (en el centro). Foto: EP

Ron atribuye a Saracho la quiebra del Popular porque entró aupado por Del Valle y Reyes Calderón para vender el banco

El expresidente del Banco Popular ha declarado durante cinco horas ante el magistrado José Luis Calama; mañana seguirá con las preguntas de la Fiscalía y su defensa
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30/10/2019 15:42
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Actualizado: 30/10/2019 15:42
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El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha declarado hoy en la Audiencia Nacional que el responsable de la quiebra de la entidad fue su sucesor en el cargo, Emilio Saracho, que llegó a la presidencia aupado por el entonces consejero y accionista Antonio del Valle Ruiz y la también consejera Reyes Calderón, con la única intención de vender el banco.

Así lo han informado fuentes jurídicas presentes en su declaración como imputado ante el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

La declaración se ha prolongado casi 5 horas y seguirá mañana con las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y su defensa, ejercida por los letrados José Antonio Choclán y Javier Velasco.

Ángel Ron está imputado en la causa desde que en octubre de 2017 la Audiencia Nacional aceptó la querella interpuesta entre otros contra él, por presuntos delitos societarios, de administración desleal, contra el mercado, falsedad documental y apropiación indebida en el contexto de la gestión del Banco Popular en los ejercicios previos y posteriores a la ampliación de capital acometida en el año 2016.

Desde la apertura de la causa, se han efectuado diligencias tales como recabar informes de situación tanto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como del Banco de España tendentes a analizar si se falsearon las cuentas y se engañó a los inversores de cara a ese proyecto por el que el Popular amplió su capital en 2.505 millones de euros que habrían de reportar importantes beneficios y cobro de dividendos.

Según las citadas fuentes presentes en su declaración, Ángel Ron ha incidido en que Saracho, como experto en banca de inversión y no en banca comercial, llegó a la presidencia del banco con la única intención de venderlo a bajo precio, aunque ha dicho desconocer a quién.

De acuerdo a estas fuentes, ha dicho que por eso emitió la reexpresión de cuentas en coincidencia con la salida del consejero Pedro Larena el 3 de abril de 2017 haciendo caer la acción más de un 10% en una jornada.

También ha asegurado que su sucesor no quería gestionar la entidad y que por ello ni siquiera puso en marcha el plan trazado que estaba ligado a la ampliación de capital y que, en su opinión, habría salvado el banco porque era solvente.

Según estas fuentes, Ron ha relatado que el propio Saracho le dijo al poco de su llegada que si no podía ampliar capital, estaba dispuesto a montar una tómbola con el Popular.

Sobre la entrada en sí de Saracho, la ha descrito como un proceso tormentoso plagado de maniobras subrepticias y no exento de gritos ni de lágrimas.

Según su versión, Reyes Calderón hizo el nombramiento sin tener atribuciones y con el empuje de Del Valle detrás, quien se había ido del consejo en noviembre de 2016, pero seguía teniendo apoyos dentro.

Ángel Ron también ha explicado sus desavenencias previas con Del Valle.

Según Ron, quería imponer determinadas decisiones, tales como destituir al secretario del Consejo de Administración, mediante amenazas y con una política de filtraciones en prensa, las mismas de las que acusa también a Saracho.

DICE QUE DEL VALLE QUERÍA COMPRAR EL BANCO

Ha añadido que Del Valle le llevó hasta un arbitraje en el que dijo que tenía 1.500 millones de euros para meter en el Popular, por lo que Ron pone en duda que la situación del banco bajo su presidencia fuese tan mala como diría después su sucesor, si este accionista que llegó a tener el 4% estaba dispuesto a ampliar su peso.

Según su relato, de acuerdo a las citadas fuentes, en un momento dado le retó a presentar una OPA y no aceptó porque lo que quería en realidad era hacerse con el banco a bajo precio.

En cuanto a los cargos que se le imputan, Ron ha defendido cada paso de su gestión.

Ha señalado que la ampliación de capital se restringió a 2.500 millones de euros porque era el montante necesario en aquel momento, tal y como habían acreditado la consultora y las distintas comisiones del Popular que intervenían.

Respecto al hecho relevante de aquel 3 de abril en el que la administración de Saracho informaba a la CNMV de que se habían dado 400 millones de euros en créditos a minoristas para que acudiesen con ese dinero a la ampliación de capital acometida por Ron, niega que se dieran instrucciones en ese sentido y ha definido ante el juez que se trata de algo ilegal.

Sobre las tasaciones de activos inmobiliarios y contra lo que dijo en un informe el Banco Central Europeo, ha afirmado que estaban realizadas en más del 90% de los casos por entidades registradas en el Banco de España o por expertos internacionales y se encontraban actualizadas.

Según ha apuntado, cuando no cumplían la normativa ECO es porque estaban sujetas a otras normas perfectamente homologables.

SARACHO, INVESTIGADO EN UNA PIEZA SEPARADA DE LA CAUSA

Emilio Saracho, sucesor de Ron en la presidencia, está siendo investigado en una pieza separada de la causa porque fue querellado por un presunto delito de alteración del mercado en relación a la filtración de informaciones que habrían perjudicado la cotización durante los 108 días que estuvo al frente.

En su caso, un informe de la CNMV que obra en la Audiencia Nacional descartó que se hubiese producido esa manipulación dado que las noticias publicadas, en cualquier caso, eran ciertas.

Saracho compareció como investigado por este asunto el pasado 3 de octubre.

A preguntas del juez y la Fiscalía Anticorrupción cuestionó la ampliación de capital acometida por Ron y dijo que en lugar de 2.500 millones se habrían necesitado más de 8.000.

Él, según afirmó en sede judicial, hizo lo que pudo con lo que heredó de la gestión anterior, tal y como informaron en fuentes jurídicas.

En lo que respecta a su propia imputación, atribuyó a ‘la Ley de Murphy’ la tormenta perfecta que se produjo en el Popular cuando se notificó al regulador la reexpresión de cuentas, el 3 de abril de 2017.

Ese mismo día se publicó en prensa que dimitía el consejero Delegado, Pedro Larena, aunque esa decisión no se había formalizado.

De este modo, la entidad tuvo por tanto que comunicar dos hechos relevantes a la CNMV: la reexpresión a las 08.00 horas y la salida de Larena una vez se hizo oficial. Las acciones del banco en esta jornada cayeron un 10%.

En su comparecencia, Saracho incidió en que no estuvo en su mano elegir esa fecha para comunicar la reexpresión de cuentas, ya que lo hizo siguiendo las indicaciones del auditor (PwC) y teniendo en cuenta que en menos de diez días estaba convocada una junta de accionistas.

Sobre la filtración, reconoció que había más personas del consejo que podían saber que Larena se marcharía, pero expresó su confianza en la gente de su administración.

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