El acusado, según considera probado el tribunal, se ganó la confianza de la mujer, quien no tiene familiares directos en Ferrol, tras viajar a Galicia desde Madrid.
Los magistrados indican que, después de conocer las circunstancias económicas de la víctima, decidió “aprovechar su situación de soledad, su falta de conocimientos para la gestión de negocios y la debilidad de su carácter para realizar una serie de maniobras encaminadas a hacerse con su dinero”.
Así, la convenció para que abriese una cuenta de banca electrónica “pese a que no tenía conocimientos de informática ni de uso de internet” y que transfiriese a ella 200.000 euros. En esta cuenta el condenado figuraba como autorizado y disponía de las claves necesarias para poder operar con ella.
Los magistrados aseguran que para aparentar que estaba gestionando de forma adecuada el dinero, comenzó a realizar transferencias mensuales, por importe de 300 euros, a la cuenta de la afectada.
“Al objeto de buscar una cobertura frente a posibles reclamaciones, la convenció para inscribirse como pareja de hecho en Ferrol y para que le otorgara ante notario un poder general de representación, a partir de lo cual dejó de transferir los 300 euros mensuales”, relatan los jueces.
Condenan a un matrimonio y sus hijos por donar bienes a familiares para no pagar indemnizaciones por un incendio
No es el primer caso de este estilo, la Audiencia Provincial de Ávila confirmaba hace unos días la condena a un matrimonio y sus dos hijos por transmitirse la propiedad de varios bienes para evitar pagar las indemnizaciones a las que uno de los condenados tenían que hacer frente por un incendio.
El Juzgado de lo Penal número 1 de la capital condenó a dos años y medio de cárcel a cada uno de los acusados.
Y ahora la Audiencia confirma esa sentencia por considerar probado que la donación de varias propiedades del matrimonio a sus hijos fue una operación para aparentar una situación de insolvencia punible de una de las acusadas, la madre.
De esa manera evitaría cumplir la sentencia que le condenaba a paga más de 200.000 euros a los afectados por un incendio declarado en su vivienda de la localidad de Santa Cruz de Pinares, que afectó a las propiedades de otros vecinos.
