El hombre que fue detenido en febrero de 2011 en Valladolid por utilizar a parados, mendigos y amigos como víctimas de numerosas estafas, Antonio María R.A, ha sido condenado a dos años de prisión, frente a los nueve que pedía para él la acusación pública, y ni siquiera tendrá que ingresar en la cárcel.
La condena, que incluye una multa de 1.050 euros, ha quedado en suspenso siempre y cuando abone fielmente, a razón de cien euros al mes como mínimo, el conjunto de indemnizaciones estipulado en favor de las distintas entidades perjudicadas y que se eleva a casi 38.000 euros.
De esto, se habrán de descontar los 13.000 ya consignados por el condenado.
Antonio María R.A. logra así una sustancial rebaja de su condena, que inicialmente se elevaba a nueve años, tras considerarse autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, así como de otro de falsedad en documento privado, en concurso medial con un delito de estafa.
Los hechos, saldados ya con una condena firme, fueron investigados por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial, a raíz de que en 2010 una de las víctimas que vivía en una residencia denunció que un amigo suyo le había dejado sin dinero.
Según fue avanzando la investigación, los agentes comprobaron cómo el detenido, de 72 años, elegía sus víctimas entre mendigos, parados y analfabetos, mostrando una gran falta de escrúpulos, dado que en algún momento no dudó en utilizar a amigos suyos para ser víctimas de sus estafas.
‘MODUS OPERANDI’
Tras lograr captar su confianza, se ofrecía a ayudarles a gestionar su patrimonio o bien les ofrecía falsas ofertas de empleo. Después de conseguir acceso a sus cuentas corrientes, comenzaba su labor de falsificar documentación.
Utilizando el nombre de sus víctimas y la documentación falsificada a su nombre, solicitaba préstamos, tarjetas de crédito y realizaba compras masivas de productos que posteriormente vendía a terceros.
Realizaba verdaderos «descalabros» en el patrimonio de sus víctimas, que no sospechaban nada hasta que las entidades ejercían acciones judiciales contra ellos, figurando como morosos en los listados existentes con ese fin, tal y como en su día apuntó la policía.
Para eludir la acción policial utilizaba direcciones de terceros para recibir correspondencia y nunca aparecía ni física ni documentalmente, respondiendo sus víctimas de todas las deudas que dejaba.
El éxito de la operación fue vincular probatoriamente que era la persona que se encontraba detrás de todas las operaciones fraudulentas.
En el momento de la detención se intervino numerosa documentación falsificada, así como correspondencia bancaria de terceras personas que había sido sustraída de buzones para sus fines.
