Ética y Ministerio Fiscal

Desde principios del siglo pasado, en el seno de las organizaciones profesionales se hizo patente la necesidad de dotarse de un conjunto de normas a modo de recopilación de valores y principios éticos que indicaran el camino hacia la excelencia profesional.

No se trataba de definir acciones ilícitas, esto es, contrarias a ley, dado que esta materia está reservada a otros textos normativos sancionados legalmente. Se trataba de consolidar aquellas normas comúnmente admitidas como adecuadas para establecer relaciones profesionales basadas en la honestidad, la diligencia, la confianza y la lealtad.

Nacieron así los Códigos Éticos, y hoy es difícil encontrar una organización profesional que no haya realizado el esfuerzo de definir qué patrones de conducta y comportamientos, qué simbología o qué uso del lenguaje conduce a niveles máximos en el ejercicio de la profesión con dignidad y probidad.

Con ello se obtienen beneficios en dos planos, el interno de la propia organización profesional porque se reducen las situaciones de conflicto entre sus integrantes en la medida en que un comportamiento ético respeta de manera activa los derechos de todos ellos y su integral diversidad, evitando la crispación y la división entre sus miembros.

Lo que necesariamente se proyecta y repercute en el plano exterior por cuanto acrecienta la credibilidad de la organización profesional y la confianza de los terceros en la misma.

El sector público no es ajeno a esta necesidad, antes al contrario debiera haber sido referente en la formulación de esos principios y valores conducentes a la excelencia y que acrecientan la confianza de los ciudadanos en sus Instituciones.

Sin embargo, su incorporación a este proceso se ha producido tardíamente  y en algunos casos, como ocurre con el Ministerio Fiscal, aún está por completarse.

Inmersos como estamos en una revolución tecnológica que ha cambiado la forma de relacionarnos y comunicarnos, personal y profesionalmente, responder a esta necesidad es inaplazable, so riesgo de seguir erosionando a una Institución que por su naturaleza y misión constitucional transciende al individuo que la representa y a la libertad de expresión de cualquiera de sus miembros.

Son muchos los supuestos que así lo evidencian y que se han hecho más ostensibles en los últimos días.

Todos los que formamos parte del Ministerio Fiscal sabemos que en nuestro ordenamiento jurídico se configura como una Institución esencial del Estado de Derecho en el que convivimos personas de la más variada índole desde hace ya más de cuarenta años (como en la propia Carrera Fiscal que sólo es reflejo de la sociedad a la que pertenece).

Su previsión constitucional (artículo 124 CE) lo dibuja, a través de las misiones que se le encomiendan, como instrumento indispensable para la efectividad real de derechos fundamentales y libertades públicas y como garante de uno de los pilares sobre los que descansa la propia construcción del Estado de Derecho cual es la independencia de los Tribunales, y ello bajo el imperio de la ley.

AFIRMACIONES QUE DESPRESTIGIAN AL MINISTERIO FISCAL

Por eso extraña que desde dentro se hagan afirmaciones hacia el exterior y con vocación global que primero desprestigian al Ministerio Fiscal, al que presentan como figura al socaire de numerosas influencias, y segundo que oscurecen los derechos de parte de sus miembros porque, aunque sea un obviedad, parece necesario recordar que el Ministerio Fiscal como Institución sólo puede actuar a través de los Fiscales/personas individuales que desarrollan su función con estricta sujeción a los principios marcados en el artículo 124 CE: legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica.

Poner en tela de juicio la actuación de concretos Fiscales en concretos asuntos judiciales atenta contra los derechos profesionales de esos Fiscales, quizás de la forma más hiriente para un profesional, dudando de la observancia de los principios que rigen nuestra actuación y apartándose así del recto ejercicio de su profesión, por no se sabe qué intereses disimulados o por deficiencia técnica.

Extraña que se haga un uso del lenguaje que, a veces de manera insinuosa y a en otras explícita, se dirigen a generar dudas sobre la legalidad de la actuación del Ministerio Fiscal y que están en la raíz de la confrontación entre sus integrantes.

Extraña sobre manera que se enriquezca, no el debate sosegado al que cualquier Fiscal pudiera sumarse con entusiasmo, sino el ambiente de agresión verbal que desembocará en división, de suerte y manera que donde hay un compañero se verá, quizás con animadversión, a un rival.

NO EXISTE UN CÓDIGO ÉTICO PERO ESTÁ LA CONSTITUCIÓN

Consciente soy de que el grado de polarización (¿o es maniqueísmo?) que se ha instalado en la sociedad en que vivimos no ayuda a vislumbrar el umbral que separa la estancia de la sana crítica y la discrepancia de otra donde zaherir al supuesto contrario es el único objetivo.

Por el camino habremos olvidado, o con suerte sólo obviado, quiénes somos: representantes de la Institución ideada y contemplada en la Constitución como el instrumento imprescindible para la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos y del imperio de la ley, que es lo que define a un Estado de Derecho.

Y qué se espera de nosotros: no sólo una actuación conforme a los principios constitucionalmente consagrados, sino también un comportamiento que no merezca ningún reproche no ya penal o disciplinario, que por supuesto, sino desde el punto de vista de unos principios y valores universales cuya falta de formulación concreta en un Código Ético del Ministerio Fiscal no debe servir de excusa para su inobservancia.

Y sobre todo y de propósito habremos ignorado que esas expresiones, que según gustos resulten más o menos afortunadas, horadan la Institución a la que servimos.

El espectáculo, desde dentro y hacia fuera, impresiona y resulta insoportable.