La Fiscalía de Madrid solicita tres años y medio de cárcel para la expresidenta de Infancia Libre María Sevilla por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores por no entregar a su hijo a su padre cuando un juez acordó atribuirle la guarda y custodia.
Así consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el fiscal acusa a Sevilla de un delito de sustracción de menores. Además de la solicitud de cárcel, le pide la inhabilitación de la patria potestad por un período de cinco años.
La acusación se presenta después de que el juez que ha llevado el caso diera traslado a las partes para que formularan escrito de acusación y solicitarán la apertura de juicio oral.
A esta acusación se une la formulada por la defensa de la expareja de la acusada, que solicita una condena de cuatro años y medio de cárcel, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.
Se trata del caso particular de María Sevilla, dado que la Fiscalía de Madrid investiga a Infancia Libre en relación a una presunta organización criminal. La Unidad Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla de la Policía Nacional investiga varios casos relacionados con esta organización.
En el relato del escrito del fiscal, adelantado por El Mundo, se expone que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro dictó el 7 de diciembre de 2017 un auto en el que se acordaba atribuir la guarda y custodia de diez años de edad, a su padre.
La acusada estaba obligada a la entrega del menor a su padre, en el plazo de dos días. Sin embargo, «hizo caso omiso del auto y, en fecha indeterminada, se llevó consigo al menor, con la intención de no entregarlo en ningún momento al padre».
«La acusada ocultó su localización»
Tras ello, se instaló «en diferentes puntos de España, sin que nunca el padre del menor tuviera conocimiento del lugar en el que se encontraba, puesto que la acusada ocultó su localización y la de su hijo menor, impidiendo con ello que el menor estuviera con su padre, así como que este ejerciera los derechos y deberes inherentes a la custodia que le correspondían».
Finalmente, la acusada y el menor fueron localizados el pasado 30 de marzo en la localidad de Villar de Cañas, Cuenca, practicándose por agentes de policía nacional la entrada en la misma con autorización judicial, lugar donde fue detenida la acusada, procediéndose inmediatamente a la entrega del menor a su padre, para dar cumplimiento a la resolución judicial.
El pasado abril, el Juzgado de Instrucción 27 de Madrid dictó un auto por el que se prohibía a la acusada acercarse a su hijo, a menos de 200 metros, o a su domicilio, colegio o lugar de estudio, o donde pudiera encontrarse transitoriamente.
Esta resolución fue reformada por otra, del pasado junio, por el que se modificaba «la indicada medida cautelar en el sentido de autorizar a la acusada las visitas al menor, supervisadas, en el punto de encuentro más próximo al domicilio del menor».
