María Sevilla fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores, y se le retiró durante cuatro años la patria potestad, por sustraer en 2019 a su hijo y tener al menor en una finca de Cuenca sin escolarizar y sin contacto con su padre; el pasado mes de mayo, el Gobierno le concedió el indulto parcial. Foto: TVE
El exmarido de María Sevilla reclama 85.000 euros a Irene Montero por presentarle ‘como un maltratador’
Pide celebrar un acto de conciliación antes de presentar demanda al considerar vulnerado su derecho al honor
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10/6/2022 12:51
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Actualizado: 10/6/2022 13:13
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Rafael Marcos, el exmarido la expresidenta de la organización Infancia Libre, María Sevilla, indultada por el Gobierno tras haber sido condenada a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de sustracción de menores y a la retirada de la patria potestad durante cuatro años, reclama 85.000 euros a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por presentarle «como un maltratador, tanto de su hijo como de su expareja».
Así consta en un comunicado difundido por los despachos Arroyo Abogados y Novalex Spain, en representación de los intereses de Marcos, en el que se anuncia que han solicitado la celebración de un acto de conciliación con la dirigente de Podemos como requisito previo para poder presentar una demanda por presunta intromisión ilegítima en el derecho al honor.
Según explica, Rafael Marcos, que firma el comunicado, en el escrito se requiere a Montero que reconozca que las declaraciones que realizó el pasado 25 de mayo en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres son «inciertas y determinan una intromisión ilegítima» en su derecho al honor.
El exmarido de Sevilla denuncia que la ministra le «presentó» como un «maltratador tanto de su hijo como de su expareja» y solicita que le indemnice con 85.000 euros y que, además, «publique rectificación, a su costa y por el mismo medio, que contenga reconocimiento expreso de la incerteza de los hechos que se le imputaron».
También ha solicitado que se celebre acto de conciliación con la secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, como requisito previo para presentar demanda por el mismo delito que le atribuye a Montero: intromisión ilegítima en el derecho al honor.
Marcos reclama que Rodríguez reconozca que las declaraciones que realizó el pasado 24 y 25 de mayo en diferentes medios de comunicación y en el mismo sentido que Montero son «inciertas y determinan una intromisión ilegítima» en su derecho al honor, y le indemnice con 65.000 euros.
También pide celebrar acto de conciliación con la periodista Ana Pardo de Vera. En su caso, como previo requisito para interponer una querella por un presunto delito de calumnias. Quiere que reconozca que las declaraciones que hizo el pasado 26 de mayo en RTVE, «en las que afirmó que había sido condenado por abusos sexuales y lo calificó de pederasta» son inciertas. A Pardo de Vera le reclama una indemnización de 10.000 euros, así como una rectificación.
Sevilla sustrajo en 2019 a su hijo, nacido en julio de 2007 y, por tanto, de 11 años entonces, y tuvo al menor en una finca de Cuenca sin escolarizar y sin contacto con su padre. Fue detenida en abril de 2019. Se encontraba fugada de la Justicia desde septiembre de 2018.
Tras un procedimiento de divorcio, incumplió una sentencia judicial que otorgaba la custodia de su hijo al padre. La Fiscalía pedía tres años y medio de prisión y cinco años sin patria potestad, mientras que la acusación particular solicitaba cuatro años y medio.
La condena le fue impuesta en octubre de 2020 por el magistrado-juez titular del Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid, Pablo Mendoza Cuevas, en la sentencia número 228/2020, de 19 de octubre, que también impuso a Sevilla que indemnizara con 5.000 euros a su exmarido por daños morales. El Gobierno le concedió el indulto parcial el pasado 24 de mayo. La Fiscalía Provincial de Madrid había informado a favor.
MANTUVO OCULTO EL PARADERO DEL MENOR MUDANDO SU RESIDENCIA POR DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS
Según los hechos probados, el 8 de febrero de 2017 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro incoó expediente de modificación provisional de medidas definitivas en virtud de una solicitud formulada por el exmarido de Sevilla en relación a su hijo, cuya guarda y custodia tenía atribuida ella.
María Sevilla, «ante la posibilidad de que el dictado de estas dos últimas resoluciones pudiera producirse con el contenido que finalmente tuvieron, con la intención anticipada de eludir su cumplimiento, intentó desvincularse del proceso civil, revocando los poderes a su procurador», lo que éste notificó al Juzgado de Instancia mediante un escrito el 7 de noviembre de 2017, en base a una comunicación recibida ese mismo día por la condenada, «comunicación en la que la misma no indicaba su domicilio y se abstenía de nombrar cualquier otro procurador; actitud dilatoria y entorpecedora que no impidió que adquiriera conocimiento de las resoluciones dictadas».
A pesar de ello, «no entregó menor a su padre, manteniendo oculto su paradero, tanto a él, como al propio Juzgado, lo que consiguió mudando su residencia y la del menor por diferentes puntos de España».
Dicha situación de ocultación finalizó cuando en el procedimiento civil se dedujo testimonio a la via penal, iniciándose el presente proceso, y el Juzgado de Instrucción 27 acordó la búsqueda y detención de Sevilla en un auto de fecha 30 de noviembre de 2018.
Para dar cumplimiento a dicha resolución judicial se inició una labor de investigación policial que terminó con su localización y la de sus dos hijos en una finca situada en la provincia de Cuenca.
Con la pertinente autorización judicial, los agentes entraron en la finca el 30 de marzo de 2019, detuvieron a Sevilla e hicieron entrega del menor a su padre en ese mismo momento, dando así cumplimiento a las resoluciones judiciales adoptadas en la vía civil.
LOS INVESTIGADORES PROPUSIERON INVESTIGAR A INFANCIA LIBRE POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL, PERO LA FISCALÍA ARCHIVÓ LA CAUSA
También fueron arrestadas otras dos integrantes de la asociación, Patricia G.A. y Ana María B.V. Las tres eran acusadas por su exparejas de no dejarles ver a sus hijos a pesar de las resoluciones judiciales que las avalaban. Los padres de los menores coincidían en su relato de los hechos y la Policía llegó a tener sobre la mesa 22 casos similares.
Los investigadores propusieron investigar a Infancia Libre por organización criminal, lo cual fue desestimado por la Fiscalía, que archivó la causa por este delito;ante la ausencia de “datos objetivos” que pudieran llevar a asegurar que funcionaba como una organización ilícita.
Según explicó en el decreto de archivo, no se ha podido establecer una conexión “directa” de muchas de las mujeres que supuestamente interpusieron denuncias falsas contra los padres de sus hijos con la asociación y que en la mayoría de los supuestos se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando ésta ya había dejado de tener actividad.
Sevilla fue la primera de las acusadas de Infancia Libre en sentarse en el banquillo.
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