La Fiscalía Provincial de Madrid solicita tres años de prisión para Patricia Alicia González Arribas, una madre de la asociación ‘Infancia Libre’, por un delito de sustracción de menores.
Según señala el representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, en 2017 la acusada se llevó a su hija, de 10 años, del domicilio en el que residían para mantenerla alejada de su padre y durante casi 20 meses la mantuvo oculta.
Añade que durante este tiempo la menor estuvo sin escolarizar.
González fue detenida en mayo de 2019 en la localidad madrileña La Cabrera.
La Fiscalía relata que el matrimonio tuvo una hija en agosto de 2008 y que tres años después el Juzgado de Primera Instancia número 27 de Madrid dictó sentencia firme de divorcio de mutuo acuerdo en la que se acordó que la patria potestad fuera compartida entre los progenitores, «estableciendo un régimen de visitas de la menor con el padre, de fines de semana alternos con pernocta y periodos vacacionales por mitad».
Explica que pese a la firmeza de dicha resolución judicial, en octubre de 2017 la acusada, «con ánimo de alejar a la menor de su padre y desvincularla totalmente del progenitor paterno y apartarla definitivamente tanto de él, como del entorno familiar de éste», se llevó a su hija del domicilio en el que residían en Madrid y del centro escolar.
Así, consiguió mantener oculta a la menor de su padre en un domicilio de la localidad madrileña La Cabrera, «y sin escolarizar a fin de evitar que fuera localizada», hasta que fue hallada por la Policía el 11 de mayo del año pasado.
«Por tanto, desde el mes de octubre de 2017 y hasta el 11 de mayo de 2019, fecha en que fue encontrada la menor, la acusada mantuvo a la menor totalmente apartada de su ámbito familiar y de su entorno, sin tener ningún tipo de contacto ni relación con su padre», señala la Fiscalía.
Al día siguiente de ser hallada la menor, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid dictó un auto en el que prohibía a la acusada comunicarse o acercarse a la menor «hasta que no recayera resolución firme que pusiera fin al presente procedimiento».
El juicio está pendiente de señalamiento.
CUATRO DETENCIONES
La asociación Infancia Libre saltó a la palestra en abril de 2019 con la detención de la presidenta, María Sevilla, por un supuesto delito de sustracción de menores.
Según informó entonces la Policía, tenía a su hijo, de 11 años, sin escolarizar y sin contacto con el exterior en una vivienda de Villar de Cañas (Cuenca) desde hacía seis meses.
Sevilla se encontraba fugada de la Justicia desde septiembre de 2018. Tras un procedimiento de divorcio, incumplió una sentencia judicial que otorgaba la custodia de su hijo al padre.
El 11 de mayo los agentes arrestaron a Patricia González por saltarse reiteradamente el régimen de visitas, y el 21 de mayo a Ana María Bayo, acusada de ocultar a su hija a su expareja durante dos años. Ambas también eran miembros de Infancia Libre.
El 18 de junio, Rocío de la Osa Ibáñez, vicepresidenta de Infancia Libre, fue localizada en Granada y acompañada por la Policía ante un Juzgado por presuntamente retener a su hija incumpliendo resoluciones judiciales.
De la Osa se acogió a su derecho a no declarar y el juez acordó en ese momento como medida cautelar que la guarda y custodia de su hija pasara provisionalmente a cargo de una tía paterna con niñas de su edad, primas de la menor.
Recientemente, la Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la causa relacionada con la asociación Infancia Libre ante la ausencia de “datos objetivos” que pudieran llevar a asegurar que funcionaba como una organización ilícita.
La Fiscalía explicó en el decreto de archivo que no se ha podido establecer una conexión “directa” de muchas de las mujeres que supuestamente interpusieron denuncias falsas contra los padres de sus hijos con la asociación y que en la mayoría de los supuestos se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando ésta ya había dejado de tener actividad.
Según ha informado, a lo largo de la investigación “únicamente” ha quedado acreditada la comisión de un delito de sustracción de menores, “en base a la acusación formulada por la Fiscalía contra M. S. S.” y un delito de desobediencia “por la acusación formulada contra A. M. B. V., «en ambos casos por hechos cometidos cuando la asociación ya había dejado de tener actividad”.
