Un informe de la Comisión Europea del pasado mes de noviembre estudia los diferentes marcos legales para tratar los impagos de deudas y las insolvencias. Advierte que hay diferencias sustanciales en el tratamiento de compañías más que de consumidores particulares.
Observa también que el grado de convergencia es mayor en los préstamos no garantizados que en los garantizados.
No sólo eso, sino que observa diferencias notables en el número de las insolvencias per cápita, el tiempo retroactivo para evitar el levantamiento de activos y los tiempos para por iniciar un procedimiento de insolvencia.
En opinión del profesor de la Universidad de Cambridge, Felix Steffek, autor del estudio, estas diferencias “distorsionan las opciones económicas y reducen el bienestar”, incrementando los costes financieros y reduciendo por tanto la estabilidad de la banca.
Advierte además que los países con sistemas jurídicos menos robustos sufrirán una fuga de actividad y financiera hacia los estados miembros con sistemas jurídicos más estables.
“Los prestamistas quieren un marco jurídicos estable, fiable, garantista y barato; si no lo tienen, derivarán su actividad donde lo haya sin cambiar de espacio europeo”, advierte Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho bancario y europeo.
Por eso el informe de la Comisión plantea la necesidad de una armonización europea de los procedimientos de insolvencia. En concreto propone una directiva que ofrezca un abanico de modelos y opciones a los estados miembros.
Pero al mismo tiempo propone un modelo genuinamente europeo al que se pueda acoger el deudor. “Probablemente el informe no se atreve a proponer una directiva directamente, pero la propuesta es un quiero y no puedo».
«Creo que la directiva ayudaría a crear un espacio único y a eliminar los riesgos que afectan a los estados miembros con sistemas menos robustos”, señala Navas.
Mejores prácticas
El informe de la Comisión Europea también plantea algunas ‘recetas’ para rebajar la morosidad.
Señala la libertad de contratación tanto del banco como del prestatario, la posibilidad de garantizar el préstamo ante una eventual insolvencia, la inexistencia de prelación en caso de que el prestatario sufra estrés financiero y una justicia eficiente.
“En el caso de España, la existencia de los juzgados especializados en hipotecario se ha convertido en un cuello de botella que alarga innecesariamente los procesos”, apunta el socio-director de navascusi.com
Entre las buenas prácticas recomendadas por el informe de la Comisión señala la posibilidad de recuperar los activos transmitidos a terceros. “Es decir, poner coto al levantamiento de activos”, explica Navas.
También propone facilidades para que el banco inicie procedimientos de insolvencia para exigir el cobro y que se preserve el orden contractual en los procedimientos de insolvencia.
“Son todo medidas pro-banco y en este conflicto hay dos partes. Para empezar el banco debe realizar un trabajo profesional y eficiente en el análisis y la gestión del riesgo».
«Y en casos de impago hay que preservar la cultura del cumplimiento, pero también atender situaciones humanas complejas y dolorosas”, señala Navas.
El informe se ha realizado sobre la base de un cuestionario de 105 preguntas a todos los estados miembros. Las preguntas están analizadas cuantitativa y cualitativamente y además se ha introducido un sistema de análisis mediante un “cluster innovador”, señala el informe.
“En definitiva, que no es un mero cuestionario, sino que hay elementos cualitativos en un interesante informe que por primera vez analiza los diferentes sistemas de cobro en caso de impago, pero que parece olvidar el factor humano”, concluye el socio-director de navascusi.com.
