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Las nuevas tecnologías amenazan el acceso a la Justicia de los más vulnerables, según un informe del Parlamento británico

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El comité de Justicia los Comunes ha pedido en un reciente informe que se detenga la reforma judicial del Gobierno, porque conlleva riesgos para la igualdad de todos los ciudadanos.

Por otro lado, los recortes de personal y medios se vinculan al caso de un error judicial que puso en libertad a un preso que cometió ocho violaciones.

Los miembros más vulnerables de la sociedad corren el riesgo de ser excluidos del acceso a la justicia en Gran Bretaña, debido a la falta de habilidades digitales, la ausencia de asesoramiento legal, el cierre de tribunales y los juzgados “abandonados”, según denuncia un reciente informe del comité parlamentario de Justicia.

El documento incluye una condena de los programas de modernización del Gobierno que, afirma, no llegan a todos los estamentos de la sociedad inglesa.

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Pero este no es el mayor problema: un error judicial que los expertos vinculan a los recortes en Justicia puso en libertad condicional a Joseph McCann, 34 años, que aprovechó para cometer ocho terribles violaciones en 15 días.

Un juez británico del Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales le condenó esta semana a 33 cadenas perpetuas. 

UN SISTEMA JUDICIAL EN CAOS

El informe de los parlamentarios ingleses, advierte de que el sistema judicial en Inglaterra y Gales se encuentra en situación de “caos administrativo” con una escasez de personal que amenaza comprometer los procedimientos judiciales.

Así lo rubrica el comité de Justicia de los Comunes, del que forman parte todos los partidos y que ha hecho público este documento, ampliamente difundido en todos los medios.

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Los parlamentarios acusan al Gobierno de querer cerrar un gran número adicional de  tribunales, al mismo tiempo que invierte 1,2 millones de libras  (1.438.848 de euros) para ampliar las audiencias “on line” en un proceso que, a su entender, crea “dificultades alarmantes para muchos usuarios de los tribunales, que ahora tienen que viajar grandes distancias para acudir a un tribunal”.

Consideran que tal situación puede terminar disuadiendo a testigos y acusados de asistir a sus propios juicios.

El informe de 83 páginas es la evaluación parlamentaria más crítica hasta el momento de las propuestas del HM Courts & Tribunals Service (HMCTS) o Servicio de Tribunales y Juzgados de Su Majestad, el organismo responsable de la Administración de los tribunales penales, civiles y familiares en Inglaterra y Gales, que depende del Ministerio de Justicia.

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 “Las habilidades digitales deficientes, el acceso limitado a la tecnología y los bajos niveles de alfabetización y conocimiento legal levantan barreras al acceso a los nuevos servicios proporcionados por medios digitales”, dice el informe.

“HMCTS no ha tomado medidas suficientes para abordar las necesidades de los usuarios vulnerables que carecen de asesoramiento y apoyo legal adecuados. El apoyo cara a cara es esencial”, afirma literalmente.

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CIERRE DE JUZGADOS

Entre 2010 y 2018, se cerraron la mitad de los tribunales de magistrados, que son los que conocen sobre todo de los asuntos penales de menor gravedad y están presididos por jueces legos (magistrates o justices of the peace), por lo que juzgan con el asesoramiento de un jurista.

Por ello, dice el informe, “no debería haber más cierres de tribunales sin un análisis independiente en profundidad de los efectos de las clausuras ya implementadas”, según los parlamentarios.

Las distancias a la corte local no deben superar en tiempo más de una hora y media en transporte público, mientras el cálculo del HMCTS se basa actualmente en dos horas de viaje en cada sentido.

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Por otra parte, los edificios judiciales existentes, agrega, “están en ruinas y a veces carecen de lo más básico, como instalaciones para usuarios discapacitados” y advierte de los riesgos para la igualdad de oportunidades que supone el que acusados penales sin representación legal presten declaración on line, recomendando que sólo lo hagan quienes han recibido asesoramiento previo.

El diputado Bob Neill, presidente conservador del comité, declaró públicamente:

“Nos preocupa que una persona vulnerable, una víctima de un delito, una mujer que busca una orden para proteger a sus hijos o una persona con dificultades de aprendizaje, se pierda on line intentando rellenar una instancia o conectarse a una audiencia para tratar de obtener justicia”.

Y añadió: “El ministerio debe parar los recortes de personal planificados en los edificios de los tribunales hasta que esté seguro de que puede proporcionar un servicio alternativo adecuado y también debe dejar de cerrar tribunales hasta que se hayan evaluado adecuadamente los efectos que han tenido los ya clausurados en los usuarios”.

LOS DERECHOS DE LOS ACUSADOS

Penélope Gibbs, directora de Transform Justice, que declaró ante el comité, dijo: “Este informe muestra el alto riesgo del programa de reforma judicial del gobierno”.

“Pone de manifiesto los pocos datos que tenemos sobre el efecto de las audiencias en vídeo y on line en los derechos de los acusados: ¿La justicia por Skype crea una justicia sin empatía? ¿Navegar a la derecha para declararse culpable conducirá a errores judiciales?”.

“Necesitamos averiguarlo antes de hacer cambios irreversibles en nuestro sistema de justicia”.

Transform Justice es una organización benéfica creada en 2012 por Penélope Gibbs, una ex magistrada implicada en la reducción del encarcelamiento de niños y jóvenes en el Reino Unido.

La organización tiene como objetivo ayudar a crear un mejor sistema de justicia en el país a través de la promoción del cambio, generar investigaciones y evidencia para mostrar cómo funciona el sistema y cómo podría mejorarse, y persuadir al público para que respalde esos cambios y a los profesionales y políticos para que los impulsen.

En el blog de su página web, Gibbs afirma proporciona un ejemplo muy ilustrativo: un acusado sin representación legal permaneció en silencio durante su comparecencia a través de vídeo en una comisaría. Sólo tras ser enviado a prisión resultó que era sordo.

“HMCTS tiene un problema, dice la magistrada: quieren reducir el número de audiencias en los tribunales penales, reducir el uso de los tribunales y ahorrar en el transporte y la supervisión de los acusados”.

“Todos los detenidos por la policía durante la noche tienen que ser “presentados” en la corte al día hábil siguiente. La mayoría de los detenidos son transportados en camionetas desde la estación de policía hasta la corte de magistrados más cercana”.

“Ya en 2015, algunas estaciones de policía contaban con una sala de audiencias de vídeo en su suite de custodia desde la cual los acusados ​​aparecerían en la corte de magistrados local”.

“El HMCTS decidió utilizarlos como punto de partida para probar todas las audiencias de reenvío policial (virtual) de vídeo, es decir, audiencias judiciales en las que nadie se encontraba físicamente en la sala del tribunal, y todas las partes estaban en pantallas de vídeo separadas”.

COMPARECENCIAS SIN ABOGADOS

Los recortes de asistencia legal han llegado también a la representación legal de los acusados, con un aumento significativo en el número de personas que comparecen sin abogado ante los tribunales, y los expertos advierten que son los más vulnerables porque tienen que valerse por sí mismos, lo que también provoca que aumenten los errores judiciales y los largos retrasos en el sistema judicial penal.

En una investigación de la campaña “Speak Up for Justice” (Defender la justicia) denominado “Justice Denied” (Justicia Denegada) se sugiere que la combinación de recortes de asistencia legal, burocracia compleja y apoyo e información inadecuados para los acusados ​​ha provocado que un número cada vez mayor de personas se presenten en la corte sin un abogado.

Aunque no hay cifras oficiales sobre el número de acusados ​​sin representación en los tribunales de primera instancia, la investigación cita una gran cantidad de evidencias, incluida una encuesta realizada por la Asociación de Magistrados, datos oficiales del Ministerio de Justicia, respuestas oficiales, una encuesta on line de abogados, encuestas de fiscales, jueces y magistrados y trabajo de campo realizado en los tribunales, como prueba de que más y más personas están apareciendo en la corte sin representación legal.

Según la encuesta de la Asociación de Magistrados, ya en 2014 el 25% de los acusados no estaban representados y el 90% consideró que había habido un aumento de acusados ​​no representados en los tribunales en los últimos dos años.

Este aumento también tiene efectos negativos en las sentencias, que son más largas o de peor resultado para el acusado sin representación legal.

También, concluye el informe, los recortes en las tarifas y los cambios en la asistencia legal influyen sobre la moral de los abogados a la hora de defender a sus clientes.