El Constitucional, la magistrada Virolés y el expresidente del TSXG premiados por los graduados sociales
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España vivió su «noche grande» con la ceremonia de entrega de la 14ª Edición de sus Premios Mérito Social que tuvo lugar en el Hotel Intercontinental de Madrid el pasado viernes ante una nutrida concurrencia.
Fueron un total de 9 galardonados. Una ceremonia que condujo Patricia Betancort.
En la cumbre, el Tribunal Constitucional, a cuyo presidente, Juan José González Rivas, le hizo entrega el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, de la Gran, Cruz de la Justicia Social.
González Rivas hizo un repaso de la legislación social y su vinculación con la jurisprudencia constitucional, destacando su gran importancia para el estado de derecho.
Al presidente del Constitucional le precedió el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, a quien la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Valencia, María del Mar Pleite Broseta, le entregó el galardón al Mérito Social a la defensa de la profesión.
«Una profesión com la suya es básica para dignificar el papel de las relaciones laborales y de la cohesión social», dijo Puig durante su intervención.
El CGCOGSE, en esta 14ª Edición, quiso reconocer a tres magistrados su relevancia. A Rosa María Virolés Piñol, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a Fernando Salinas Molina, magistrado jubilado de esa Sala, y a Miguel Ángel Cadenas Sobreira, expresidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, recién, jubilado también.
A los dos primeros, el Colegio les otorgó el Premio Mérito Social a la Trayectoria Profesional y al tercero el Premio Mérito Social en pro de la Justicia.
A Virolés se lo entregó la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Tarragona, Anna Maria Asamá i Esteve.
«Este ha sido un premio con alevosía y premeditación», dijo la magistrada durante su intervención agradeciendo el premio.
«Toda mi vida he estado en la jurisdicción social. 47 años. Para mí es un gran honor. Yo también soy graduada social», añadió.
«El lema de los graduados sociales es justicia social. Llévenlo muy alto. Sólo en una sociedad con justicia social se reconocen los derechos humanos. Sólo con ella los más desfavorecidos pueden tener un reconocimiento de sus derechos», concluyó.
Fernando Salinas no pudo asistir por problemas familiares.
Miguel Ángel Cadenas fue presidente del TSXG hasta el pasado 11 de abril, cuando cumplió los 72 años, la edad máxima de jubilación para los magistrados, un cargo que ha ocupado desde 2009; 10 años en total.
Cadenas, que recibió su premio al Mérito Social en pro de la Justicia de manos de Susana Soneira Nema, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, recordó que perteneció al cuerpo de magistrados de trabajo y que era especialista en lo Social, una jurisdicción que ejerció la mayor parte de su vida.
El expresidente del TSXG subrayó la importancia de la jurisdicción social, de los graduados sociales y de los colegios. «Está fuera de toda duda», remachó.
Rafael Ruiz Calatrava, graduado social y director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba, recibió, a su vez, el Premio Mérito Social a la prevención de Riesgos Laborales.
Francisco Antonio Martos Presa, Manuel García Villaba y Enrique García Tomás, el primero presidente de Honor del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, el segundo homónimo en el de Huelva y el tercero secretario general del Consejo General de Graduados Sociales entre 1997 y 2003, recibieron Menciones al Mérito Profesional.
Plano general de los asistentes a la ceremonia, a la que siguió una cena. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
También asistieron al acto, además de la práctica totalidad de los presidentes de los colegios de graduados sociales, el magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, junto a su esposa, la magistrada del Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Clara Martínez de Careaga, la decana-presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad, María Emilia Adán, la consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo -pareja de Ximo Puig-, el también magistrado del Supremo y vocal del CGPJ, Rafael Fernández Valverde, el senador por el PSOE, Artemi Rallo, y el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez.
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