Reclaman al futuro Gobierno de Sánchez medidas urgentes en vivienda que frenen los 162 desahucios diarios existentes
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22/12/2019 00:00
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Actualizado: 22/12/2019 00:00
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Ante la rumorología que sitúa la investidura del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez a primeros de enero del 2020, organizaciones sociales piden al futuro nuevo Ejecutivo que tome medidas urgentes en materia de vivienda que frenen la escalada de los alquileres y los desahucios que aún se gestionan.
En la actualidad, con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del tercer trimestre del 2019 se producen 162 desahucios diarios, muchos de ellos por impagos del alquiler.
De este año 2019 que ahora se cierra, el balance que se hace desde organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no es nada bueno que digamos.
“La situación sigue siendo preocupante. La mejora del Real Decreto de alquileres que aprobó este verano el ministro Ábalos fue insuficiente. Luego sería tumbada en el Congreso en su convalidación», comenta Paco Morote, portavoz de la PAH.
En cuanto a la nueva normativa Ley de Contratos de Créditos Inmobiliarios (LCCI), señalan que es una ley muy irregular, que necesita modificaciones para homologar los derechos de los consumidores españoles con los europeos “ahora favorece a la banca porque ayuda a blanquear cláusulas como las del vencimiento anticipado que ya habían sido declaradas abusivas por el TJUE y otros tribunales españoles”, subraya.
Morote recuerda que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos en nuestro país.
También señala que el Tribunal Supremo emitió una sentencia en contra de esta nueva normativa hipotecaria.
“La ley decía que la norma era solo para hipotecas firmadas después de su entrada en vigor y el Tribunal Supremo lo que dijo es que se aplicase a todas las hipotecas”.
Junto a ello, este experto en derecho hipotecario recuerda que hay suspendidos cientos de procedimientos hipotecarios en la primavera del 2017, “más los que se suspendieron con posterioridad estuvieron pendientes de la sentencia de septiembre de vencimiento anticipado del Tribunal Supremo. Una sentencia que abre la puerta a la reactivación de los desahucios, al señalar que dicha cláusula de vencimiento es indispensable al contrato hipotecario”.
Paco Morote, portavoz estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en una foto de rueda de prensa.
MEDIDAS DE CHOQUE INMEDIATAS
De cara al nuevo Gobierno que se intuye se creará en la primera semana de enero, organizaciones sociales reclaman control directo de los precios de los alquileres, como pasa en ciudades como Berlín o Amsterdam.
«Se trata de intervenir de forma directa en los precios para evitar la situación actual con cientos de desahucios por falta de pago cada día», comenta Morote.
También indica que es “muy urgente que se prorrogue la moratoria, la ultima se aprobó en tiempos del PP, en relación con el Código de Buenas Practica, donde se indicaba que los bancos estaban obligados a ofrecer alquiler social por un mínimo de dos años. Esta moratoria vence en marzo del 2020 y es imprescindible que se prorrogue para evitar otras ejecuciones hipotecarias. No podrán a otros alquileres”.
Para Morote “es fundamental revisar la fiscalidad de la vivienda, de tal forma que las viviendas cerradas o desocupadas tributen de tal manera que desincentive tenerlas cerradas. En la actualidad, según el último censo de vivienda del Instituto Nacional de Estadística había más de 3,5 millones de casas desocupadas. Hay que sacarlo al mercado de alguna forma para ayudar a los más necesitados».
La salida de todas estas viviendas desocupadas, muchas en manos de entidades bancarias o fondos buitres como Blackstone que las mantienen fuera del mercado para tirar de los precios hacia arriba.
“Generarían un efecto también de bajada de los precios de alquiler, al haber más viviendas en el mercado”.
Desde la PAH se insiste en que la vivienda es un bien social garantizado por la propia Constitución en su artículo 47 y ven con preocupación que está muy ligado a un determinado nivel de renta lo que le hace restringido para muchos ciudadanos.
“No es como la Sanidad o la Educación que están al alcance de cualquiera”, señala.
FALTAN VIVENDAS DE ALQUILER SOCIAL
Para este colectivo hipotecario, hay que revertir una situación donde “ante la falta de alternativas de las viviendas públicas desde los alquileres sociales se generan situaciones en las que muchas familias son desahuciadas. Sería necesario que se obligase incluso a la cesión de este tipo de viviendas”.
Y señala como Bankia, “una entidad bancaria con capital público, se está desprendiendo de viviendas y suelo y vendiendo a fondos buitre sin participar en la creación de un parque público de viviendas”.
Desde su punto de vista “debería ser el Estado quien comprase esas viviendas al mismo precio para sacarlas al mercado”.
También ve que otros bancos están haciendo algo parecido.
“Ya que no se podrá recuperar la ayuda que se dio la banca, como ya ha dicho el Banco de España y otras entidades financieras, lo lógico es que pudieran poner esas viviendas a disposición de la gente vulnerable que no tienen alternativa habitacional en estos momentos”.
Morote habla de una Iniciativa Popular Europea para conseguir la inversión en vivienda esté fuera del déficit para que los estados puedan invertir más en este tipo de iniciativas.
La Iniciativa, “Vivienda para todos y todas” pretende que la Comisión Europea legisle a favor de una mayor inversión en vivienda y “den un paso adelante en la creación de vivienda asequible”.
La situación en un país como España es preocupante porque tiene un déficit importante de viviendas.
“Solo existe una décima parte de vivienda pública respecto a otros países de su entorno (1,5 por ciento frente a una media europea del 15 por ciento), algo que cree que “no es accidental”, sino que “es fruto de la apuesta por un modelo insostenible de propiedad y vivienda protegida de venta, que pasaba al mercado privado al cabo de unos años”.
Para tramitarse y que llegue a la Comisión Europea para su aprobación, la Iniciativa Ciudadana Europea “Vivienda para todas y todos” -en inglés se ha registrado como «Housing for All»- debe recoger un millón de firmas en toda Europa antes de finales de junio de 2020.
En España debe conseguir un mínimo de 40.500.
DEFENSOR DE PUEBLO, ALQUILERES PARA AFECTADOS
En este contexto, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, acaba de recomendar a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento madrileño que impulsen un procedimiento para asignar viviendas a los adjudicatarios que se han visto afectados por la venta de vivienda pública protegida a empresas privadas, con el fin de atender sus necesidades habitacionales de manera ágil y eficaz.
Además, el Defensor mantiene abierta una actuación tras recibir numerosas quejas de ciudadanos que tuvieron que abandonar sus hogares tras la venta de su vivienda a fondos de inversión, bien porque la empresa les comunicó la no renovación del contrato, bien porque no podían hacer frente a las nuevas condiciones impuestas.
Este tema se ha puesto de actualidad tras el fallo del Supremo que inadmitía recursos de la Comunidad de Madrid y el fondo de inversión Goldman Sachs Azora sobre una venta de cerca de 3000 viviendas publicas a dicho fondo. La venta fue anulada por el TSJ de Madrid y en el caso de un particular existiendo otros asuntos pendientes de resolución como ya explicamos recientemente en esta noticia.
Francisco Fernández Marugán, defensor del Pueblo en funciones.
Tras requerir información el Defensor del Pueblo, ambas administraciones comunicaron que las personas, en su día arrendatarias, podían solicitar nuevamente la adjudicación de una vivienda por el procedimiento establecido en los correspondientes reglamentos de adjudicación de viviendas públicas protegidas, en los cuales tienen que participar en igualdad con otros ciudadanos solicitantes y en base al principio constitucional de no discriminación.
Así, muchos de los afectados que volvieron a encontrarse sin alojamiento y que optaron por solicitar la adjudicación de otra vivienda pública protegida, han visto que sus solicitudes quedaban en lista de espera, por lo que han tenido que hacer frente nuevamente a la demora y opacidad del procedimiento de adjudicación.
En opinión del Defensor del Pueblo, sin embargo, estos ciudadanos no tienen obligación de solicitar nuevamente la adjudicación de una vivienda, pues ya cuentan con un derecho reconocido a disfrutar de una vivienda pública protegida y, por tanto, la adjudicación continúa siendo válida y eficaz si sus condiciones personales, sociales y económicas no han variado.
Habrá que ver como se resuelve este tema en el medio plazo.
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