La asociación de abogados Movimiento 24.2 anunció ayer por la noche que interpondrá una querella por prevaricación ante los juzgados contra el abogado del Estado que firme el escrito a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo si en el mismo solicita la liberación del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión.
«Si el escrito dice que hay que poner en libertad a Junqueras quien lo firme sabe que está prevaricando. Que esa persona tenga muy claro que, si dicho escrito es groseramente antijurídico, presentaremos una querella contra ella«, declaró ayer a Confilegal su presidente, el catedrático de derecho procesal y abogado, Nicolás González-Cuéllar.
«Si eso es así, sería una pena. Porque la sola firma de ese escrito de la vergüenza supondría que un cuerpo tan prestigioso, hasta ahora, como el de la Abogacía del Estado, se ha convertido en un lacayo del ‘sanchismo’, rindiendo su profesionalidad a los intereses políticos», añadió el presidente de esta asociación, de la que forman parte los abogados Adolfo Prego –exmagistrado del Tribunal Supremo– e Ignacio Gordillo –exfiscal de la Audiencia Nacional–.
De este modo contestaba el Movimiento 24.2 a la información que la cadena SER hizo pública ayer por la tarde, en la que decía que «Esquerra ya conoce los planteamientos de la abogacía del estado sobre la situación de Junqueras y le parecen aceptables».
En la misma citaba fuentes cercanas a la negociación entre el PSOE y ERC.
El diario ABC, después de la SER, publicó una noticia en la misma línea: «El Gobierno filtra el informe de la Abogacía del Estado a ERC antes de que se haga público».
En este caso mencionaban «fuentes de la dirección de ERC».
De ser así, esto facilitaría la abstención de los 15 diputados de ERC, haciendo posible la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados que podría celebrarse el 6 de enero.
«Deploramos esta filtración interesada a un partido independentista cuyo máximo dirigente se encuentra en prisión cumpliendo una condena firme de 13 años de cárcel por sedición y malversación de fondos públicos y que ha sido inhabilitado para cualquier cargo público por ese mismo periodo», concluye la citada asociación.
