La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes, día 14 de enero, a las 9.30 horas, a la exalcaldesa del PP de Corral de Almaguer (Toledo), Juliana Fernández Cueva, y a su teniente de alcalde, Vicente González Ramírez, acusados de retirar multas de tráfico a personas afines en 2013.
El fiscal, según el escrito de acusaciones recogido por Europa Press, pide imponer a cada uno de los acusados la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.
En el año 2016, el Tribunal Supremo devolvió la causa al juzgado de Decano de Quintanar de la Orden (Toledo) para que se continuará allí la investigación del asunto al dejar Fernández Cueva de ser senadora y por tanto dejar de gozar de la condición de aforada.
Según el fiscal, el entonces teniente de alcalde de Corral, en ánimo de favorecer a los sancionados, acordó el sobreseimiento y archivo de cuatro expedientes por multa de tráfico y no disponer la retirada de los puntos ante la Dirección General de Tráfico.
En concreto, se trataba de dos multas por circular con una tasa de alcohol superior a la permitida, otra por no utilizar el conductor del vehículo el cinturón de seguridad y una cuarta por conducir de forma manifiestamente temeraria, a alta velocidad con peligro de colisión contra vivienda.
En todos estos casos, la exalcaldesa aceptó y firmó la propuesta de resolución, según el escrito de acusaciones, que recuerda que para todas estas infracciones existe la pena de pérdida de puntos del crédito inicial asignado al conductor.
Declaración en el Supremo en 2015
El 19 de octubre de 2015 y al término de su declaración ante el magistrado del Supremo José Manuel Maza, la entonces aún senadora manifestó que no había hecho nada y que quería que todo se aclarara porque llevaba un año siendo «juzgada» por los medios de comunicación.
Fernández Cueva y el que fuera su teniente de alcalde, Vicente González Ramírez, declararon en relación con la tramitación que llevaron unas multas que habían sido impuestas a determinados vecinos del municipio por la Policía Local y después fueron retiradas.
A las puertas del tribunal la senadora recordó que había «renunciado» a su condición de senadora al venir voluntariamente a declarar y defender su inocencia.
«No he hecho nada, y como no he hecho nada, lo que quiero es que esto pase, porque he sido juzgada por los medios durante un año ya», manifestó.
La Fiscalía se querelló contra la alcaldesa y el teniente de alcalde al considerar que maniobraron para favorecer a los sancionados «en clara contravención de lo legalmente establecido», al proponer el teniente de alcalde a su jefa la estimación de las alegaciones formuladas en un total de cuatro expedientes, lo que produjo la pérdida de efecto de las sanciones que se les habían impuesto en materia de seguridad vial.
Según la denuncia que interpuso en su día un particular, la regidora retiró varias multas que había puesto la policía local de Corral de Almaguer a determinadas personas de su entorno familiar, amigos o con las que tenía afinidad política. De este modo evitaba que estas personas perdieran puntos de carné.
