El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha declarado investigados al ex consejero Delegado del Grupo DIA, Ricardo Currás, a su número 2 Amando Sánchez Falcón.
Todo ello por administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la compañía en 2017 mediante «prácticas irregulares» que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.
En el auto, notificado esta semana, el instructor dirige asimismo el procedimiento a instancias de Fiscalía Anticorrupción contra los directores comerciales Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo.
También contra el director financiero Antonio Arranz Martín y el auditor de KPMG Carlos Peregrina García, que revisó las cuentas de Día puestas en cuestión.
Según explica, «para la consecución de los objetivos propuestos para el ejercicio 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del EBITDA, Currás ideó un plan -que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas- para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo» en este balance, «lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión y alcanzar el cobro del variable por objetivos».
La investigación detecta cuatro de esas prácticas que imputa directamente al ex CEO de la compañía:
Previsión de ingresos no justificados procedentes de negociación con proveedores por importe de 6,3 millones de euros; una incorrecta contabilización de ingresos derivados de cargos de proveedores de marca propia que asciende a 21,7 millones.
También la eliminación no justificada de la provisión de Facturas Pendientes de Recibir por 18,3 millones de euros y el pago de bonus y gratificaciones al personal no provisionados de hasta 5,5 millones de euros.
«El resultado final del plan trazado y ejecutado, conllevó que las cuentas individuales de DIA en el ejercicio 2017 ofreciesen una imagen que no se correspondía con la real de la matriz, lo que se trasladó a las cuentas consolidadas del ejercicio, así como tuvo reflejo en la proyección de objetivos para el ejercicio 2018″, recoge el auto.
Como en 2018 no se conseguía alcanzar la cifra de objetivos, una vez cesado Currás se inició una investigación en Día España para descubrir las causas que motivó la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la necesidad de una reexpresión de las cuentas de 2017 cuando se cerrasen las de el ejercicio en curso.
Peritos y testigos declaran primero
El resultado fue un ajuste aproximado de 56 millones de euros en el patrimonio neto contable a 31 de diciembre de 2017.
Esto, desde el punto de vista de su cotización bursátil conllevo que el precio de la acción sufriese una variación a la baja del 42,22% al cierre del día 15 de octubre -primer hecho relevante– y del 24,50% al cierre del 22 de octubre -segunda comunicación a la CNMV–.
«Tras la investigación llevada a cabo se puede concluir que de los ajustes que se incorporaron a los Estados Financieros de Grupo DIA correspondientes al ejercicio 2017, cuatro de ellos tienen su origen en prácticas contables irregulares ideadas por Ricardo Currás».
«Los cuales, considerados a nivel agregado, supusieron una alteración artificial del EBITDA de 2017 por un importe de 51,8 millones de euros, del total de 69,7 millones de euros de ajustes que se han incorporado a las Cuentas Anuales, netos del efecto fiscal», concluye el instructor.
En el auto, acuerda la práctica de las primeras diligencias y cita el 27 de enero a los tres peritos que han elaborado informes sobre las cuentas de DIA en el marco de la investigación abierta en Fiscalía Anticorrupción, así como llama el día 28 en calidad de testigos a los trabajadores de la mercantil Miguel Ángel Iglesias Peinado y Susana Pagés de la Peña, en tanto que habrían recibido instrucciones de Currás para las maniobras contables objeto de las pesquisas.
