Un 92,8 por ciento de los españoles cree necesario aumentar las penas contra los okupas, según se reflejan los datos que el Instituto Sondea ha recabado para una importante empresa del sector de la seguridad privada.
Este mismo sondeo recoge que un 93% considera que se debería implementar una normativa que respalde el desalojo inmediato para prevenir daños y otros problemas derivados de la ocupación.
La Ley de Ejuiciamiento Civil ya sufrió una modificación en 2018 a este respecto para lo relativo a la ocupación de viviendas ilegales recogiendo el llamado «desahucio exprés», recurrido por Unidas Podemos al Tribunal Constitucional y donde el tribunal falló declarando la plena constitucionalidad y legalidad del procedimiento.
Este nuevo procedimiento permite un mecanismo más rápido, ágil y eficaz que lo que hasta lo que actualmente se estaba realizando, permitiendo desalojar y restituir la vivienda a su propietario en unos pocos días.
No obstante, los ciudadanos encuestados se plantean distintas alternativas acerca de cómo afrontar la situación.
La mitad de los encuestados sacaría al okupa a la fuerza, ya sea él mismo o pagando a una empresa
Sobre la primera acción a llevar a cabo una vez descubierta la situación de okupación, 7 de cada 10 encuestados consideran que la principal acción que llevarían a cabo en caso de ocupación sería llamar a la policía.
Por otro lado, 1 de cada 4 españoles intentaría contratar una empresa que los echara por la fuerza (25,25%), y en un porcentaje similar están los que intentarían echarlos por la fuerza ellos mismos (25,05%). Solo un 15% consideraría la opción de negociar con los okupas como válida.
El contexto puede variar la percepción del desalojo
Pese a la percepción negativa de la ocupación por parte de los españoles y que 6 de cada 10 (58,43%) opinan que no está justificada en ningún caso, hay un porcentaje que sí podría aceptarla. Así lo opina un 41,57% de los españoles, especialmente si las casas son de bancos (21,66%) o si hay niños pequeños y no se tienen recursos (17,86%).
También tiene justificación para el 13,97% cuando las casas son de las administraciones públicas; para el 12,48% si las personas no tienen alternativa; para el 12,13% si las casas están vacías o desocupadas; o para el 9,78% si las casas son de promociones que no se han terminado.
El estudio ha sido realizado sobre una muestra de más de 2.000 individuos residentes en España de entre 30 y 65 años de edad, seleccionados de forma intencional y proporcional a las cuotas cruzadas del padrón municipal de habitantes del INE 2018, en función del sexo, grupo de edad y Comunidad Autónoma.
