El empresario español Raimundo Santamarta, poseedor de una exitosa trayectoria de más de 40 años en la industria farmacéutica, ha presentado una notificación de arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela bajo el Acuerdo para la Protección de Inversiones entre el Reino de España y Venezuela.
El lugar donde se dilucidará el conflicto es la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Holanda, al ser imposible litigar contra el estado venezolano en los tribunales de justicia de ese país.
Santamarta, que tiene doble nacionalidad española y venezolana, reclama a ese estado una indemnización multimillonaria, no menor de 200 millones de dólares.
El gobierno venezolano le confiscó la fábrica que SM Pharma tenía en Maracaibo, además de aplicarle una serie de medidas discriminatorias y arbitrarias destinadas a obstaculizar su negocio farmacéutico, para finalmente apropiarse de las sociedades del grupo, despojándolo por completo de su inversión. Todo comenzó en 2015.
La familia Santamarta invirtió en Venezuela en la década de los setenta y desarrolló un exitoso negocio farmacéutico que se expandió por todo el país.
Bernardo Cremades Román, socio director del despacho del mismo nombre, relata a Confilegal que “en el 2018 se la confiscaron, a través de un decreto de expropiación. De madrugada se le presentó la Guardia Nacional y le sacaron de la empresa. Sin compensación alguna”.
Después de aquello, el empresario se trasladó a Miami, Estados Unidos, donde abrió otras empresas relacionadas con suplementos vitamínicos. Y una especial a través de la que comercializa el antioxidante GlotaDose, como elemento que ayuda a regenerar las células más rápido.
ARBITRAJE DE PROTECCIÓN DE INVERSORES
En la capital de La Florida, le informaron de que podía puede poner en marcha un Arbitraje de Protección de Inversores, un procedimiento entre inversores y un estado en cuestión.
“Ahí entra en contacto con WDA Legal, despacho de Caracas, ‘partner’ (socio) nuestro. Y desde ahí se les reconduce a nuestro despacho”, cuenta Bernardo Cremades, uno de los grandes especialistas españoles en arbitraje internacional, comercial y de inversiones.
En estos momentos el despacho del abogado también lleva otro arbitraje de este tipo en Venezuela sobre la expropiación del teleférico de la capital, Caracas.
“Formamos parte de una selección que hizo el propio cliente con dos despachos norteamericanos, que al final ganamos como su bufete asesor en este arbitraje. Llevamos varios meses desde agosto del 2019 estudiando el caso y ahora hemos presentado la solicitud de arbitraje”, indica Cremades.
Para acceder al arbitraje hay que acudir al Tratado de Protección de Inversiones que firmaron en su día España y Venezuela.
BAJO EL REGLAMENTO DE LA CNUDMI, EN LA HAYA
“Al haber denunciado Venezuela el CIADI como centro arbitral en 2012 como centro arbitral, se ha optado por un arbitraje ‘ad hoc’ siguiendo las reglas CNUDMI”, precisa Cremades.
El Convenio del CIADI es un tratado multilateral formulado por los directores ejecutivos del Banco Mundial en aras de cumplir el objetivo del Banco de promover la inversión internacional. El CIADI es un foro que tiene como fin arreglar las diferencias entre inversionistas y los Estados.
Las siglas CNDUMI, por su parte, responden a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, creada en 1966, la cual posee un Reglamento de Arbitraje conocido y aceptado por todos.
Este arbitraje «ad hoc» supone que no hay institución arbitral, con lo cual se notifica el arbitraje directamente a la otra parte.
Se mandó la notificación de arbitraje impresa, tanto al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su equipo como al presidente encargado de Venezuela, Juan Gerardo Antonio Guaidó y a su gente.
El arbitraje «ad hoc» señala que son las partes las que eligen los árbitros que previsiblemente serán tres.
“Si una de las partes no designa árbitro lo hará la propia Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, lugar donde se plantea el arbitraje”, revela Cremades.
El procedimiento, tras la notificación, seguirá con la elección de los árbitros del tribunal.
“Hemos pedido que el arbitraje lo administre la mencionada Corte y lo habitual es que diga que sí. En otros casos ha asumido esta entidad”, explica.
Luego se marcará el calendario procesal del propio arbitraje “ Las previsiones es que este tipo de arbitraje dure de media unos tres años y medio”.
Desde esta perspectiva es bastante previsible que a los 200 millones que se reclaman se le añadan intereses de demora.
Santamarta ha interpuesto una reclamación de arbitraje en su condición de inversionista español.
El arbitraje se ha iniciado bajo los auspicios del Reglamento de Arbitraje CNUDMI y será decidido por un tribunal arbitral. El Acuerdo para la Protección de Inversiones entre el Reino de España y Venezuela entró en vigor en 1997.
PROTECCIÓN PARA INVERSORES
Santamarta no es el primer inversionista extranjero que sufre un tratamiento discriminatorio por parte del Gobierno bolivariano.
Ante esta situación, el sistema internacional de protección de inversiones ofrece a los inversores extranjeros la posibilidad de acudir a un tribunal internacional para obtener una justa compensación por la pérdida de sus inversiones que, de otra manera, sería prácticamente inviable.
El problema actual de Venezuela es su falta de activos en el exterior para ejecutar este tipo de laudos.
“Habrá que buscar si hay activos en el extranjero. En algún momento Venezuela cambiará de régimen. Recibirá inversión extranjera y negocios fuera y se podrán ejecutar los laudos, que no prescriben con esos activos”, destaca nuestro interlocutor.
FONDOS DE INVERSIÓN COMPRAN LAUDOS CONTRA VENEZUELA
Cremades explica también que en estos momentos hay fondos de inversión que están comprando laudos contra Venezuela, “con un precio de descuento después, esperan que cambie el Gobierno para así luego ejecutarlos”.
Desde este despacho español se espera que el gobierno venezolano colabore en este arbitraje.
“Estamos preparados para pedir a autoridad que administra el arbitraje que continue el proceso. Y si no quieren participar se les podría declarar en rebeldía . De todas formas esperamos que participen en este asunto”, apunta.
La gestión del asunto está siendo un trabajo coordinado entre los despachos WDA Legal, con oficina en Miami, y el bufete español de Cremades.
“Tenemos otros dos casos analizándolos, también de expropiaciones a empresarios españoles que podrían iniciarse esta primavera”, cuenta.
Venezuela podría encontrarse con un problema si no paga sus laudos.
Eso baja su rating o reconocimiento como país solvente “y al final no tendría acceso a financiación de otros países o de entidades supranacionales».
Tener un problema con el gobierno venezolano supone acudir a la vía arbitral. “Es imposible ganarles en sus propios tribunales”, comenta.
