Firmas
El Consejo General del Poder Judicial y la mujer del César
Estatua del emperador Julio César legislador; se encuentra en el Parlamento de Viena.
31/1/2020 06:25
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Actualizado: 31/1/2020 00:37
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En los últimos días ha vuelto a resurgir el guadianesco debate sobre el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, siempre que se plantea este tema, me viene a la cabeza la célebre cita atribuida a Julio César con base en los escritos de Plutarco: “La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino que además debe parecerlo”.
La cita exacta difiere notablemente de la que ha quedado como parte de la cultura popular, quien quiera leer la original que consulte el párrafo X del tomo V de la obra “Vidas paralelas”, de Plutarco.
Para los lectores menos avezados debe recordarse que según el artículo 122 de la Constitución Española, el CGPJ es el órgano de gobierno del mismo.
Actualmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los 20 Vocales del CGPJ serán designados por las Cortes Generales.
De este modo, nos encontramos ante una situación que, si se analiza con honestidad intelectual, es realmente insólita en un sistema que predique la separación de poderes: el órgano de gobierno del Poder Judicial es elegido en su totalidad por el Poder Legislativo.
Dicho en román paladino: los políticos eligen a la cúpula del Poder Judicial.
Si bien es cierto que el Consejo no tiene, stricto sensu, potestades jurisdiccionales, las funciones que desempeña son de vital importancia.
Entre otras muchas cabe destacar el nombramiento de 2 magistrados del Tribunal Constitucional y del presidente del Tribunal Supremo, la resolución de los expedientes disciplinarios que puedan concluir con la separación de la carrera judicial, así como el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia y los 50 presidentes de Audiencias Provincales.
Casi nada.
Pues bien, lo anterior no supone, simplemente, una mera incoherencia teórica que atañe únicamente a filósofos y juristas nostálgicos de Montesquieu, sino que tiene graves consecuencias en la práctica.
Baste señalar que, si un diputado -o un senador- comete un delito, la competencia para enjuiciarlo corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (como establece el artículo 71 de la Constitución española); y los miembros de dicha Sala son elegidos por los integrantes del CGPJ que, a su vez, han sido elegidos por los partidos políticos.
Con esto no quiero decir que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean siervos togados al servicio del poder político, ni que todos los jueces y magistrados cuyo nombramiento sea discrecional deban obediencia a los partidos o a sus mentores.
Sencillamente quiero poner de manifiesto que el sistema actual pone en grave peligro la separación de poderes y el recto ejercicio de la potestad jurisdiccional en las más altas instancias judiciales.
Todavía sigue sangrando la herida que en el prestigio del Poder Judicial causó el vil puñal del famoso “whatsapp” de Cosidó; o el hecho de que determinados jueces sean calificados de “progresistas” o “conservadores” según hayan sido propuestos por uno u otro partido.
Aunque en esto también tienen parte de culpa las asociaciones judiciales, hay que decir.
En fin, si los partidos políticos mayoritarios de verdad creyeran y respetaran la independencia judicial propondrían y aprobarían inmediatamente una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la cual se estableciera un sistema en el que una parte de las vocalías fuera designada por las Cortes Generales, mientras que la elección de las demás correspondiera a los propios jueces y magistrados.
De esta manera se evitaría tanto la politización absoluta del CGPJ como el riesgo de un corporativismo exacerbado.
La pregunta que se plantea entonces es: si las proclamas de los grandes partidos en el sentido de respeto absoluto a la independencia judicial son realmente sinceras…
¿Por qué no han acometido aún esta reforma?
La respuesta es obvia.
Y la causa de la misma es impúdica y deshonesta.
No obstante, y a pesar de lo anterior, lo cierto es que los jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial son, en su gran mayoría, profesionales íntegros y comprometidos con su insigne función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Por eso, no quiero que nadie vea en estas líneas un ataque a la encomiable labor que con rectitud y honradez realizan todos esos jueces.
Solo quiero, como español y como jurista, que de la Justicia -como decía César respecto a Pompeya– “ni siquiera se tenga sospecha”.
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