Será juzgado a partir de hoy por un jurado popular en la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid. Foto: Carlos Berbell
La Fiscalía pide 6 años de cárcel para una trabajadora social por falsificar el DNI de un muerto y cobrar su pensión durante 33 años
También reclama que abone al Instituto Nacional de la Seguridad Social una indemnización de 205.590 euros
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31/1/2020 10:19
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Actualizado: 31/1/2020 10:29
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La Fiscalía Provincial de Madrid pide seis años de prisión para Juana Igeño Martínez, una trabajadora social del Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid, a quien acusa de haber falsificado el Documento Nacional de Identidad de un hombre fallecido en 1980, lo que le permitió cobrar la pensión de jubilación de dicha persona por incapacidad absoluta durante 33 años.
Desde el 1 de abril de 1980 hasta el 31 de julio de 2013, según detalla.
También reclama que abone al Instituto Nacional de la Seguridad Social una indemnización de 205.590 euros.
Además, pide que se le imponga una multa de unos 4.300 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
El juicio comenzará el próximo lunes, 3 de febrero, en la Audiencia Provincial de Madrid. Será juzgada por un tribunal de la Sección 17.
El Ministerio Público le imputa un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento oficial.
Según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, Juana Igeño prestaba sus servicios como trabajadora en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid. Allí estaba internado J. P. M., quien murió el 17 de marzo de 1980.
La Fiscalía indica que gracias a que el fallecido no tenía familiares conocidos, la acusada se hizo con su DNI y documentación bancaria para seguir percibiendo la pensión de jubilación por incapacidad absoluta que le había sido concedida en 1977.
Explica que la cantidad a percibir inicialmente fue de 104,16 euros mensuales, pero que en 2013 ascendió a 689,15 euros.
El Ministerio Público señala que para ingresar el dinero, el 23 de diciembre de 1981, la acusada abrió una cuenta corriente a nombre del fallecido, donde domicilió el pago de las pensiones y desde donde retiraba en efectivo todos los meses el dinero ingresado.
Dice que a partir de 2008 modificó su modus operandi y falsificó una autorización a su favor firmada “aparentemente” por J. P. M. que le permitía hacerse con el dinero.
En enero de 2013, la entidad bancaria instó a la acusada a que aportara una Fe de Vida y Estado del titular de la cuenta, “que la acusada obtuvo del Registro Civil Único de Madrid”, presentando el DNI original del fallecido, y una autorización a su favor para solicitarla, “que ella misma había confeccionado imitando su firma”.
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