Jordi Pujol Ferrusola entra en la Audiencia Nacional para declarar.
El primogénito de los Pujol declara hoy en la Audiencia Nacional por blanqueo del dinero de Grand Tibidabo
Sus actuales dueños acusan a la familia de blanquear en Andorra dinero de la empresa cuando estaba dirigida por el empresario Javier de la Rosa
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07/2/2020 11:32
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Actualizado: 07/2/2020 16:33
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El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) José de la Mata, que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol, ha citado hoy en calidad de investigado al primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, para que declare por un nuevo posible delito de blanqueo en relación con la sociedad Grand Tibidabo.
Grand Tibidabo quebró en diciembre de 1999 y sus actuales dueños acusan a la familia de blanquear en Andorra dinero de esta sociedad cuando estaba dirigida por el empresario Javier de la Rosa.
El pasado septiembre, De la Mata acordó prorrogar hasta el 23 de marzo de 2021 la instrucción del denominado ‘caso Pujol’, en el que están imputadas más de 30 personas, entre ellas Jordi Pujol Soley, su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos por delito fiscal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal.
El magistrado ya acordó en 2016 la complejidad de esta causa en tanto que la investigación recae supuestamente sobre una organización criminal, tiene por objeto numerosos hechos punibles, muchos investigados y por tanto es necesario analizar abundante documentación y realizar actuaciones en el extranjero.
En el auto de citación de Pujol Ferrusola, De la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, incluye la declaración de Pujol Ferrusola en un listado de diligencias de investigación acordado a petición de esta sociedad.
Se le preguntará en relación con un informe policial que trata sobre el hallazgo de dinero en cuentas de Andorra proveniente de ‘Catalana de Mitjans de Comunicación I Edicio’.
El magistrado señala que las diligencias aprobadas resultan «pertinentes, necesarias y proporcionadas» a los fines de la investigación judicial, «pudiendo conducir la práctica de las mismas (…) al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y a la determinación de la eventual responsabilidad de los investigados y de las sociedades objeto de investigación».
Este auto del juez responde a un escrito de petición de pruebas presentado el pasado julio por la mercantil Grand Tibidabo S.A a las que se opuso la defensa de los Pujol interesando, además, la expulsión de la mercantil como acusación popular por encontrarse en liquidación.
Anticorrupción informó a favor de mantener Grand Tibidabo como acusación popular.
De la Mata recuerda en su auto que el mantenimiento de esta acusación popular ya fue resuelto por la Sala de lo Penal.
Explica que Grand Tibidabo, que «está en proceso de liquidación, pero no liquidada», ejerce la acusación popular desde antes del acuerdo de liquidación de la entidad, de modo que «indiscutiblemente se mantienen las capacidades de la parte para atender las situaciones y relaciones jurídicas pendientes», en relación con los delitos investigados.
En cuanto a la prueba documental solicitada, el juez rechaza pruebas solicitadas por Grand Tibidabo, como varios testimonios realizados en el ámbito de una investigación de la Audiencia Provincial de Barcelona porque «no se expone ni justifica en la solicitud la relación que personas y documentos tienen con los hechos investigados en esta causa».
Acepta otros documentos, como el informe policial denominado Coterma-Armad Caraben, relativo a manipulación de contabilidad, la declaración en dicho órgano del administrador de Coterma y presidente de Predeusa, Armando Carabén Ribó, así como un oficio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la respuesta al mismo por parte del departamento de finanzas de la Generalitat de Cataluña.
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