Jordi Pujol Ferrusola ha negado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional haber recibido dinero en Andorra procedente de las constructoras Isolux Corsán y Copisa, así como haber mantenido relación alguna con la Generalitat de Cataluña.
Durante su declaración, en el marco del juicio por el presunto enriquecimiento ilícito de la familia del expresidente Jordi Pujol i Soley, el acusado afirmó que nunca ha recibido fondos de dichas empresas ni ha canalizado dinero desde Andorra hacia ellas.
“Nunca he recibido en Andorra nada de ellos, ni ellos han recibido por mi parte desde Andorra nada de mí. No he tenido ninguna relación con la Generalitat”, sostuvo en respuesta a las preguntas del fiscal.
Asimismo, rechazó haber realizado compensaciones financieras o cualquier tipo de movimiento de fondos entre España y Andorra, tanto a nivel personal como a través de sus sociedades o de empresas con las que ha mantenido relaciones comerciales.
En su comparecencia, explicó que hasta el año 2000 llevó a cabo un reparto de “láminas” o títulos financieros entre los miembros de su familia, derivados de la herencia de su abuelo.
Según indicó, estos activos fueron posteriormente vendidos y el dinero distribuido entre los beneficiarios, en ocasiones en cantidades iguales y en otras no. También señaló que algunos familiares preferían recibir el dinero en efectivo.
Pujol Ferrusola insiste en el origen de los fondos
El acusado reconoció igualmente haber realizado alguna operación financiera con su hermano, Josep Pujol, precisando que se trataba de ajustes derivados de la devolución de la herencia una vez liquidados los títulos financieros.
Pujol Ferrusola insistió en que el origen de los fondos investigados se encuentra en la venta de estos instrumentos financieros, y detalló que las cantidades recibidas se abonaban en distintas divisas, principalmente en dólares, aunque también en pesetas, marcos alemanes y libras esterlinas.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicita para los siete hijos del expresidente penas de entre 8 y 29 años de prisión.
En concreto, reclama para Jordi Pujol Ferrusola la pena más elevada, de 29 años de cárcel, además de una multa superior a 6,5 millones de euros.
Para su exmujer, Mercè Gironès, a quien el Ministerio Público atribuye haber compartido el patrimonio investigado, la Fiscalía solicita 17 años de prisión y una multa superior a 600.000 euros.
Además de las penas económicas, el Ministerio Público reclama que la familia Pujol reintegre el dinero presuntamente obtenido de forma ilícita, que superaría los 45 millones de euros.
