Las iniciales de Google, Amazon, Facebook y Apple forman la sigla GAFA, que es como se conoce al conglomerado de las principales empresas tecnológicas a las que se quiere que paguen más impuestos.
España no debe implantar una tasa a las empresas tecnológicas: Expertos en derecho fiscal y empresarios explican por qué
La OCDE ultima los trabajos para consensuar una tributación internacional a estas grandes compañías
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10/2/2020 00:09
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Actualizado: 10/2/2020 00:10
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A finales del mes de enero, tras una reunión celebrada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se ha dado a conocer que los 137 países que negocian una tasa digital a las tecnológicas han llegado a un acuerdo sobre ese futuro impuesto que permitirá gravar a las multinacionales en el lugar en donde tengan sus clientes, aunque no dispongan allí de presencia física.
En este contexto, los trabajos de la OCDE contemplan el llamado “régimen de protección que los EE.UU. quiere incluir en ese trabajo. Se trata, realmente de que las empresas puedan elegir el régimen fiscal al que serían sometidas.
Sobre esta petición norteamericana, al parecer no habrá una decisión final sobre ese asunto mientras no se haya aprobado la arquitectura general del impuesto. En estos momentos el consenso que hay sobre dicho régimen de protección es casi nulo.
Nuestra publicación ha pedido a varios expertos que analicen la situación existente de este impuesto digital. Si se aplica el impuesto de sociedades medio de la UE, las GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) tendrían que pagar en 2020 más de 30.000 millones.
Por su parte, la Comisión Europea estimaba que el establecimiento en España de un nuevo impuesto sobre los servicios digitales, teniendo en cuenta el peso del país en el PIB europeo, un 7,5%, podía aportar 600 millones de euros de recaudación.
EL IMPUESTO A LAS TECNOLÓGICAS, PENDIENTE DE LOS TRABAJOS DE LA OCDE
En opinión de Javier Vinuesa, socio del área fiscal de Gomez-Acebo & Pombo, “la OCDE busca desde hace unos años una tributación más justa de la empresa fiscal, gravando sus beneficios a través del proyecto sobre lucha contra la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). Ahora lo que está en discusión son esos gravámenes para la empresa digital”.
Para este jurista, “lo ideal sería que hubiera un consenso a nivel internacional para crear nuevas reglas que sustituyan las actuales del siglo XIX, que ya no sirven. En este contexto se han reactivado el pasado año una serie de trabajos y la idea es que a finales de este año exista ya una propuesta si se logra ese consenso”.
Sobre dicha solución multilateral Vinuesa adelanta que “esa solución pretende que a las grandes empresas que facturan por encima de 750 millones de euros sufran un reparto de su tributación en función de los países donde están ubicadas operando. Ese reparto se buscaría de forma justa para que cada uno se lleve la cuota parte del impuesto que le corresponde”.
Vinuesa señala que los programas Pilar 1 y Pilar 2 donde se define esa nueva tributación digital están avanzados “pero no está terminado eso es lo que ha hecho que haya surgido de forma unilateral imposiciones sobre servicios digitales, más conocida como la Tasa Google. Al mismo tiempo una propuesta de directiva sobre esta cuestión fracasa”.
En este contexto, Francia y España se han significado del resto.
Javier Vinuesa es socio del área fiscal de Gomez-Acebo & Pombo.
“En el caso español hay un proyecto de ley de enero del 2019 sobre servicio digitales. Son medidas unilaterales que a EEUU no le gusta y que técnicamente esas nomas muy parecidas entre ambos países tienen defectos importantes. Quizás uno de los más destacados es que el impuesto quiere gravar el 3% de los ingresos, pero no de los beneficios”.
Junto con ello “se configura técnicamente como impuesto indirecto, una especie de IVA. No se quiso que fuera directo porque podría ser contrario a los convenios de doble imposición existentes. En el caso de Francia ya lo ha puesto en marcha y ha recaudado cerca de los 300 millones del total de 500 previstos. Se acaba de suspender ante las presiones de los Estados Unidos y esperará la resolución antes citada de la OCDE”.
Desde Francia, explica este experto, “se esperan los trabajos de la OCDE, aunque si no hubiera consenso seguirían con el citado impuesto que ya pusieron en marcha. En el caso español, la ministra Montero ya ha indicado que en los próximos presupuestos incluirá dicho impuesto. El proyecto de ley está pendiente de aprobarse, pero creemos que se dará de margen hasta que la OCDE concluya sus trabajos”.
En el caso de que entrase en vigor la norma antes de dichos trabajos “podría generar distintos efectos. Empresas como Amazon podrían incrementar los precios un 3% al consumidor final. Otro efecto que puede generar es que haya empresas que se deslocalicen de nuestro país. Ya ha pasado con Google News que dejó de operar en España. También EEUU podría gravar algunos productos españoles con aranceles en ese caso”.
HAY QUE BUSCAR UNA SOLUCIÓN MULTILATERAL
José Luis Zimmerman, director general de la patronal de empresas de economía digital, Adigital, recuerda que este tipo de iniciativas debe ser se multilateral y no de un único país.
“Nosotros seguimos manteniendo nuestro punto de vista reflejado en un estudio que publicamos recientemente en colaboración con AMETIC donde creemos que una postura unilateral de España generaría muchos problemas”, opina.
Desde esta patronal los efectos negativos se perciben “en cuanto a la recepción de inversiones internacionales y en cuanto al impacto que pueda tener en las pymes que se puedan ver afectadas porque las plataformas trasladen ese coste a sus colaboradores pymes o usuarios”.
Zimmerman revela que esta iniciativa tiene muchos problemas técnicos para su implantación.
“Es una solución que debe venir de una iniciativa multilateral. Esto sucede en todo el mundo. Se va a esperar como van los trabajos de la OCDE donde se quiere modificar lo que significa la figura del establecimiento permanente. Ese entorno supranacional es el marco ideal”, afirma.
Para este empresario “no podemos situarnos frente a Irlanda, que es un país que ofrece facilidades fiscales a muchas multinacionales. Se demuestra que, en Francia, donde se puso en marcha un impuesto de forma unilateral, que hay que tener en cuenta la opinión de otros países como es el caso de Estados Unidos y su deseo de colocar aranceles a las empresas galas”.
Zimmerman es director general de la patronal de empresas de economía digital, Adigital.
En Francia, el impuesto esta en vigor. “Si se llega la solución de la OCDE es posible que hubiera devoluciones con posterioridad, pero la administración Trump ha amenazado con represalias en esta guerra comercial que se ha puesto en marcha”.
Para el director general de Adigital, “está claro que hay que avanzar y adaptar a la realidad lo que es la economía digital y sus marcos fiscales internacionales. Creemos que la OCDE está dando pasos en ese sentido. Habrá que ver como se gestiona este impuesto indirecto que puede tener unas implicaciones notables en cuanto a la economía global”.
Desde su punto de vista “otro foco donde afectará será en las ‘startups’ [empresas emergentes], donde en nuestro país no se valora el crecimiento de este sector del mercado como debiera. Son empresas que tienen difícil crecer por sus medios y acuden a los mercados internacionales a financiarse. Al final las compran firmas de más tamaño. Es posible que la aplicación de dicho impuesto pudiera frenar dichas compras empresariales”.
Zimmerman recuerda que en Europa existe libertad de establecimiento para empresas y particulares.
“La idea es cambiar el llamado establecimiento permanente digital y que se responderá fiscalmente en los países donde se tenga la residencia fiscal y además donde tienes tus usuarios. Eso supondría cambiar muchas cosas, entre ellos los tratados de doble imposición”, indica.
Frente a ello, la tasa Google, a nivel unilateral de cualquier país, se concibe como una iniciativa temporal.
“Se pone un impuesto indirecto sobre los ingresos de la compañía del 3% sobre varias actividades: ‘marketingplace’, transmisión de datos y publicidad. Esta solución temporal se esta convirtiendo en una permanente hasta que resuelva la otra vía que es la propuesta de la OCDE”.
La OCDE trabaja en como modificar para encajar que la fiscalización de esos ingresos o beneficios sea en destino, allí donde las empresas están ofreciendo servicios en lugar del establecimiento permanente
BUSCAR EL CONSENSO INTERNACIONAL
Para Carlos Rodríguez, socio responsable del área fiscal de DLA Piper, subraya que el motivo por el que Europa quiere consensuar este impuesto a las grandes tecnológicas “entre otras razones, viene dado porque la adopción de medidas unilaterales puede generar distorsiones en el mercado único e incrementar la carga administrativa de las empresas afectadas por este impuesto”.
En cuanto a las ventajas de la solución multilateral que propone la OCDE, Rodríguez destaca que “las medidas unilaterales van a generar doble imposición y además mucha conflictividad en el ámbito tributario, puesto que no está claro que sean compatibles con los tratados de doble imposición”.
Al mismo tiempo cree que “la solución multilateral puede evitar enfrentamientos comerciales entre los países afectados y, si además se establece un procedimiento ágil de resolución de conflictos mejorando los procedimientos de asistencia mutua recogidos en los Tratados de Doble Imposición, puede ayudar a consensuar la interpretación de las normas entre los distintos países y facilitar su aplicación”.
En cuanto a lo que aporta esta propuesta de la OCDE, este experto en derecho tributario destaca “pretende dar una solución al problema de la deslocalización de las empresas en el ámbito de la economía digital”.
Carlos Rodríguez es socio responsable del área fiscal de DLA Piper.
Asimismo, cree que “intenta encontrar una fórmula que suponga un reparto más equitativo de la tributación de estas empresas teniendo en cuenta a los países en los que se sitúan los consumidores, que en muchos casos contribuyen activamente en la generación de valor de las mismas”.
En cuanto a la iniciativa francesa de crear un impuesto unilateral, lo que se denomina tasa Google, Rodríguez comenta que “de acuerdo con la información publicada sobre este tema, el impuesto ha generado tensiones comerciales con Estados Unidos dado que la mayoría de las compañías afectadas por este impuesto tienen su sede en este país.”
Respecto a que un país como el nuestro, que también ha anunciado poner en marcha un impuesto sobre las tecnológicas lo hiciera de forma unilateral”, Rodríguez considera que “hay diversos estudios que señalan que la tasa digital previsiblemente encarecerá el acceso a los servicios digitales de las empresas españolas, y podría llegar a suponer una desventaja competitiva para las mismas”.
Por último, sobre la reacción de estas grandes empresas si se les incrementa la presión fiscal nuestro interlocutor aclara que “el incremento de la presión fiscal para las grandes empresas digitales previsiblemente va a encarecer el acceso a determinados servicios digitales, como pudiera ser la publicidad en línea y por tanto la carga fiscal se podría trasladar a las empresas españolas usuarias de estos servicios.”.
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