Caras nuevas en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El organismo dependiente del Banco Mundial ha aprobado la entrada de varios nombres españoles en la última renovación de su panel de árbitros y conciliadores.
La presencia de España en la corte internacional se ve reforzada con el nombramiento de ocho miembros, de los cuales cuatro son mujeres y cuatro hombres. En concreto, desde la semana pasada la representación del arbitraje español recae en Manuel Conthe, Antonio Hierro, Deva Villanúa y Carmen Núñez-Lagos; mientras que en conciliación se ha elegido a Katia Fach Gómez, Mercedes Tarrazón, Javier Fernández-Samaniego y Gonzalo Stampa. Su mandato es por un periodo de seis años, hasta febrero de 2026.
La nueva hornada de árbitros y conciliadores españoles está integrada por profesionales de trayectoria contrastada, con algunos perfiles desarrollados en la carrera pública y otros en la privada. De todos ellos, tan sólo Deva Villanúa (Armesto & Asociados) y Antonio Hierro (Hierro Estudio Legal) tienen experiencia anterior en tribunales del CIADI. Ambos han sido reconocidos por Chambers & Partners, el ranking de abogados más importante del mundo, como referentes del arbitraje internacional. El resto de profesionales también cuenta con credenciales ampliamente reconocidas en el sector.
Detrás de estas designaciones hay un trabajo muy intenso. La selección de candidaturas se inició a mediados del año pasado a través de una convocatoria pública. Inicialmente estaba previsto anunciar la lista de elegidos a la vuelta de verano, pero el Gobierno ha estirado los plazos para escoger con meticulosidad a los perfiles más adecuados.
Desde el primer momento el Gobierno planteó como prioridad seleccionar a candidatos jóvenes con el objetivo de rejuvenecer la edad media del panel. De esta forma, se ha tratado de atender el criterio de juventud, así como equilibrar perfiles masculinos y femeninos, sin descuidar las normas que establece el CIADI para acceder a este puesto. Entre ellas, que sean personas con «amplia consideración moral» y una «reconocida competencia en el campo del Derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas e inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio».
