Hasta 2024 ninguna persona en situación de vulnerabilidad podrá ser expulsada de su domicilio por impago de la hipoteca.
Mañana entrará en vigor el Real Decreto-ley que refuerza la protección a colectivos vulnerables en riesgo de desahucio hipotecario
Esta medida prorroga cuatro años adicionales la suspensión de los lanzamientos para deudores vulnerables
|
11/3/2020 12:38
|
Actualizado: 11/3/2020 12:40
|
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico que «refuerza la protección a colectivos vulnerables que se encuentran en riesgo de desahucio hipotecario».
Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará mañana en vigor.
El Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo extiende la protección a los más vulnerables con un ámbito de aplicación superior hasta la fecha, según explicó la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Mientras que en ocasiones anteriores la prórroga de la suspensión de lanzamientos solo se hacía durante dos años, esta medida prorroga cuatro años adicionales la suspensión de los lanzamientos para deudores vulnerables, lo que supone que hasta 2024 ninguna persona en situación de vulnerabilidad podrá ser expulsada de su domicilio por impago de la hipoteca.
También se amplía el concepto de colectivo vulnerable, de forma que además de los titulares de la hipoteca que estén en posición de desempleo o familias con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluyan como beneficiario de la suspensión de lanzamientos a familias monoparentales con un solo hijo.
Este Real Decreto-ley aumenta el límite de ingresos para poder beneficiarse de la medida, al incrementarse por cada hijo a cargo dentro de la unidad familiar en 0,15 veces el Iprem para familias monoparentales (968,10 euros por 12 pagas y 1.127,87 euros por 14 pagas) o en 0,10 veces el Iprem para el resto de familias (645,40 euros por 12 pagas y 751,91 por 14 pagas).
Además, se establece que el nivel de ingresos familiar máximo para acogerse a esta medida se incrementará en función del número de hijos.
Este Real Decreto Ley también prevé la suspensión de lanzamientos con independencia de si la vivienda se adjudica a un banco o a un tercero y amplía la protección a los más vulnerables con independencia de dónde se adjudique el bien.
Modifica la disposición adicional séptima de la Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para adecuar las causas de disolución de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a su naturaleza.
Esta modificación permitirá que SAREB continúe con sus funciones con normalidad hasta el fin de su mandato, en 2027, contribuyendo a la maximización del valor de la venta de la cartera de activos que recibió en 2012, así como a otras iniciativas como la ejecución de un programa de promoción de vivienda social, con un parque habilitado de 10.000 viviendas para fines sociales.
Este Real Decreto-ley amplía los tipos de entidades financieras que pueden solicitar su transformación en bancos, incluyendo a sociedades de valores, entidades de pago y entidades de dinero electrónico, en línea con otros Estados miembros de la Unión Europea, lo que «mejorará la competitividad de la economía española».
«El Gobierno está intentando proteger a los colectivos más vulnerables, que son los que más lo necesitan, y el compromiso es el de atender una realidad social que vino agudizada con motivo de la crisis, pero que todavía no alcanza a muchas de las personas que continúan en esta situación de especial vulnerabilidad y que necesitamos proteger», ha destacado Montero.
Según ha señalado, de no extenderse esta protección, el Gobierno estima que se podrían haber visto afectadas más de 29.000 familias, sin contar con las que en el futuro se puedan beneficiar de estas medidas.
Estas medidas complementan a las tomadas ya en 2019 con respecto al mercado del alquiler y que introdujeron mejoras en los desahucios de vivienda por contratos de arrendamientos.
«En todo caso, es preciso continuar abordando los problemas de acceso a la vivienda y protección de ciudadanos», ha indicado Montero.
Según ha explicado, la intención del Ejecutivo es continuar tomando medidas para proteger a los más vulnerables en el caso del alquiler, medidas que se van a adoptar en el marco de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Noticias Relacionadas:
