La Comisión Permanente del CGPJ en una foto de 2016. Algunos de sus componentes han sido sustituidos.
El CGPJ finalmente se corrige a sí mismo y suspende todas las actuaciones judiciales en España
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15/3/2020 01:00
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Actualizado: 15/3/2020 01:15
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Donde dijo digo después dijo Diego y rectificó, corrigiéndose a sí misma, tal como le habían exigido las cuatro asociaciones judiciales y dos de las fiscales.
Y en una sesión extraordinaria que tuvo lugar ayer, cuando desde la mañana se había filtrado el borrador del Decreto Ley que aprobó el Consejo de Ministros, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó la extensión de la suspensión de las actuaciones judiciales programadas y de los plazos procesales a todo el territorio nacional para hacer frente al coronavirus.
Un día antes, el viernes, habían tomado esa misma decisión pero solo para el País Vasco, la Comunidad de Madrid y los partidos judiciales de Haro (La Rioja) e Igualada (Barcelona), a la vista de las disposiciones adoptadas allí por las autoridades sanitarias en las últimas horas, como la declaración de emergencia sanitaria en Euskadi o el confinamiento en el municipio barcelonés.
De acuerdo con un comunicado que el CGPJ hizo público prácticamente cuando Pedro Sánchez estaba terminando su comparecencia-rueda de prensa por WhatsApp por televisión, se aplica el nuevo escenario –el 3– previsto para una situación extrema.
En este marco «solo se mantienen los servicios esenciales de la Administración de Justicia, garantizando las siguientes actuaciones, que han sido acordadas por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado».
Los mismos, prácticamente, que los contenidos en el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros, con algunos aditamentos más.
LAS 12 MEDIDAS DEL ESCENARIO 3
1.- Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable.
2.- Internamientos urgentes del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
3.- La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores del artículo 158 del Código Civil (CC).
4.- Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan. En particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.
5.- El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios del artículo 52 del CC.
6.- Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc.
7.- Cualquier actuación en causa con presos o detenidos.
8.- Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.
9.- En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las autorizaciones de entrada sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes, y recursos contencioso-electoral.
10.- En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de EREs y ERTEs.
11.- En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes (es decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la tutela judicial reclamada).
2.- El/la Presidente/a del Tribunal Superior de Justicia, el/la Presidente/la de la Audiencia Provincial y el/la Juez/a Decano/a adoptarán las medidas que procedan relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes, y cierre y/o desalojo de las mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la Comisión de Seguimiento competente.
«El acuerdo aprobado hoy dispone ‘extender a todo el territorio nacional el Escenario 3, durante el tiempo que se mantenga el estado de alarma, de manera que las actuaciones procesales y medidas que se contemplan en este escenario resultarán de inmediata aplicación, sin excepción alguna, a la totalidad del Estado Español’”.
SEGUNDO ACUERDO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La Comisión Permanente ha adoptado un segundo acuerdo en el que, en ejercicio de la función de coordinación que corresponde al CGPJ en materia de prevención de riesgos laborales de jueces y magistrados, se dirige al Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en la materia con el fin de que proporcionen los medios que se estimen necesarios para garantizar la protección de la salud.
“En el marco de la gravedad de la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país y conscientes de que la materialización de las medidas que se interesan han de ser contempladas dentro del ámbito de prioridades que las autoridades sanitarias del Estado y de las Comunidades Autónomas establezcan”, apuntan.
«También se recomienda a los presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que en las propuestas de turnos rotatorios para cubrir los servicios esenciales tengan en cuenta la situación de los jueces/zas y magistrados/as que se encuentren en situaciones de especial sensibilidad, a los efectos de acordar exenciones totales o parciales y facilitar el teletrabajo», señalan.
A la reunión han asistido presencialmente el presidente en funciones del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y los vocales miembros de la Permanente con residencia en Madrid, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo; así como el secretario general del CGPJ, José Luis de Benito.
Los vocales con residencia fuera de Madrid –José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda– han participado telemáticamente.[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje
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