El diputado socialista Juan Carlos Campo es portavoz de su partido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Confilegal.
El Ministerio de Justicia reasume las competencias en todo el país bajo el mecanismo de la coordinación
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20/3/2020 11:22
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Actualizado: 20/3/2020 11:33
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Ha sido decisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ya lo avanzó ayer en rueda de prensa: El Ministerio de Justicia vuelve a ser la autoridad máxima en todo el territorio nacional debido a las circunstancias excepcionales a las que tiene que hacer frente nuestro país creadas por la pandemia del COVID-19.
«Se encomienda al Ministro de Justicia la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en todo el territorio del Estado», se puede leer en la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado.
«Asimismo, le corresponderá la coordinación de los servicios públicos prestados a través de los Colegios Profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia y, en particular, el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita», añade dicha orden.
El objetivo de esta orden es la eficacia en la toma de decisiones en todo el territorio, potenciando la jerarquía y la autoridad en el puesto de mando desde el Ministerio en la persona de su titular, Juan Carlos Campo, y de su equipo.
Sin dejar ninguna duda de a quien le corresponde la decisión final.
«En este sentido, el Ministerio va a potenciar la coordinación. Ya lo estamos haciendo. Porque en esta batalla todos y cada una de las personas que sirven a la justicia en los cuatro puntos cardinales de nuestro país son necesaria. Y tenemos que ser muy eficaces. No nos podemos permitir no serlo«, han explicado fuentes del Ministerio.
Con esto se evita que alguna de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas tomen decisiones individuales o contrarias con lo que se está aplicando en el resto del país.
La orden del Ministerio de Sanidad subraya, precisamente, ese sustantivo, coordinación.
Y dice que se podrá constituir –que ya existe de facto– «una Comisión de coordinación de la situación de crisis en orden a poder articular consensuadamente las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios esenciales en lo referente a la actividad profesional desarrollada por los miembros de los cuerpos de funcionarios a los que se refiere la presente orden y dar cumplimiento a las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad».
«En esta Comisión tendrán representación las Comunidades Autónomas con competencia en la materia».
Actualmente, el Ministerio de Justicia tiene competencias plenas en cinco Comunidades Autónomas: Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia e Islas Baleares.
En las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta.
Y en el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.
En las 12 Comunidades restantes –Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia, La Rioja, Navarra y Madrid– se han transferido las competencias, que comprenden a los cuerpos de funcionarios de Gestión, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Procesal, los médicos forenses, facultativos y técnicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y resto de personal al servicio de la Administración de Justicia.
Los letrados de la Administración de Justicia dependen directamente del Ministerio de Justicia.
No fueron transferidos.
ÓRDEN, PARA DESCARGAR: BOE-A-2020-3897
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