Sobre estas líneas, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Foto: Ministerio de Trabajo.
La ministra de Trabajo advierte que «no se puede utilizar el COVID-19 para despedir»
El Gobierno prohibe los despidos causados por el coronavirus y anuncia que se revisarán de oficio todos los ERTE para detectar posibles fraudes
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27/3/2020 18:19
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Actualizado: 27/3/2020 18:19
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El Gobierno ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros Extraordinario la prohibición del despido por causas vinculadas a la epidemia del coronavirus. Esta medida se aplicará desde hoy.
Así lo ha manifestado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. «El gobierno de España no va a dejar a nadie atrás», ha afirmado. «Nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria, no se puede utilizar el COVID-19 para despedir».
En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha aprobado «la imposibilidad de propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas y de producción, no se puede despedir, porque como saben hemos puesto los mecanismos legales y los recursos públicos ingentes para que puedan acudir a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)».
Díaz ha insistido en que «esta crisis es un paréntesis» y en que «no tendría sentido despedir cuando el propio gobierno esta permitiendo los ERTE, a día de hoy, hipersimplificados».
✅ Mantener el empleo es la prioridad. Por eso no se autorizarán despidos por causas relacionadas con el COVID-19. Si es posible acogerse a un ERTE por la crisis no será legítimo aplicar despidos.#EsteVirusLoParamosUnidos #ProhibidoDespedir pic.twitter.com/6nHBYwke0q
— Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) March 27, 2020
Sobre la petición de los empresarios de que Trabajo suprima la condición de mantener la plantilla en los seis meses siguientes a la realización de un ERTE, la ministra ha recordado que «normalmente se hace por un año», pero que se ha reducido por las condiciones excepcionales.
Así, ha pedido a las empresas «ejemplaridad» y que «mantengan los puestos de trabajo trabajo». «Todo el mundo está sufriendo las consecuencias de esta enorme crisis sanitaria», ha añadido.
Sobre los contratos temporales
Otra de las medidas aprobadas durante la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros afecta a los contratos temporales.
«Con la excusa del COVID-19 no hay que extinguir los contratos temporales, estamos diciendo que hay una interrupción, un paréntesis y, por tanto, los contratos temporales igualmente se interrumpen pero continuarán una vez pase esta crisis sanitaria», ha resaltado.
En cuanto a los ERTE, la titular de Trabajo ha remarcado que se ha aprobado su simplificación. Se trata, ha dicho, de «un mecanismo muy sencillo que van a tener que cubrir las empresas con una serie de datos que trasmitirán al SEPE».
De esta manera, ha agregado, «inmediatamente y con muchísima rapidez vamos a empezar a reconocer las prestaciones públicas de desempleo».
En esta línea, ha recordado que la prestación por desempleo se va a otorgar también a las personas que no reúnen los requisitos para ello y que posteriormente a esta situación excepcional se pondrá «el contador a cero», de manera que se repone el tiempo de desempleo que se ha consumido.
Revisión de oficio de los ERTE
Por otro lado, ha anunciado que el Gobierno va a «revisar de oficio todos y cada uno de los expedientes de regulación temporal de empleo que ahora mismo se están aprobando», de manera que en caso de observar algún tipo de fraude «las empresas afectadas tendrán que devolver hasta el último céntimo de lo percibido, incluida la prestación por desempleo del trabajador afectado».
Sobre las quejas de la comunidad autónoma de Madrid, Andalucía y Castilla y León en relación a la tramitación de los ERTE, Díaz ha insistido en que el modelo está «absolutamente simplificado» y que se «pone énfasis en el reconocimiento rápido de las prestaciones».
Además, ha considerado que estas regiones «piden dos cosas difícilmente compatibles a la vez», por un lado «un modelo basado en una declaración jurada» y, por otro, «que se endurezca el silencio administrativo».
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