La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) ha acordado por unanimidad la exención de la cuota fija colegial del mes de abril, como consecuencia del estado de alarma provocado por el COVID-19.
El decano-presidente del Colegio de Procuradores de Barcelona, Ángel Quemada, ha explicado a Confilegal que la prórroga de esta medida «por supuesto está abierta», de modo que podría eximirse la cuota de los próximos meses en función de cómo evolucione la situación.
En este sentido, ha reconocido que el Colegio tiene la «suerte» de encontrarse en una situación de «solvencia» para adoptar esta medida que busca paliar los efectos del coronavirus.
Sobre el turno de oficio, Quemada ha indicado que se acordó adelantar el pago del 50% en caso de que el día 17 de marzo no hubiera sido abonado. Esta medida no fue activada porque las cantidades fueron abonadas por la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, ha confirmado que esta decisión se mantiene para el mes de abril.
«Impacto emocional»
Por otro lado, el presidente del ICPB ha apuntado que desde la Junta de Gobierno se está trabajando para garantizar el «bienestar mental» de los colegiados. Según ha resaltado, se pretende paliar la «incertidumbre» y el «impacto emocional» derivado de la situación excepcional de confinamiento que está viviendo el país.
Asimismo, ha adelantado que ya están abordando cómo reducir el «colapso» que previsiblemente tendrá la Administración de Justicia cuando concluya el estado de alarma. El objetivo, ha subrayado, es «buscar herramientas» para «hacer esa vuelta lo mejor posible».
En cuanto al impacto económico de la situación derivada del coronavirus, Quemada ha indicado que trabajan en un informe sobre la situación de los autónomos y los despachos que han realizado un ERTE.
El ICPB sigue trabajando de forma telemática y las Juntas de Gobierno se celebran por videoconferencia.
