Esta asociación que preside Juan Manuel Mayllo reclama al ICAM que adopte medidas contra los despachos de abogados "que aprovechan esta crisis para hacerse publicidad".
ALTODO reclama al ICAM que adopte con urgencia 12 medidas
En primer lugar, exige que refuerce el funcionamiento del SOJ para asistir las situaciones creadas por la emergencia sanitaria
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03/4/2020 11:14
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Actualizado: 03/4/2020 11:27
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La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), reclama a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que adopte con urgencia una serie de medidas en la crisis del coronavirus en coordinación con las diferentes administraciones implicadas.
En concreto, le reclama 12 actuaciones.
En primer lugar, esta asociación que preside el letrado Juan Manuel Mayllo pide la restauración de la plantilla habitual de letrados colaboradores de los distintos servicios de orientación Jurídica (SOJ), incrementándola en aquellos en los que sea necesario a fin de reducir a parámetros razonables los tiempos de espera desde que el usuario pide cita hasta que es recepcionado en el SOJ correspondiente.
Mientras haya medidas restrictivas de movilidad, pide que se refuerce el servicio de orientación telefónica, en sustitución del presencial, mediante teletrabajo desde el domicilio de los letrados colaboradores de los distintos SOJ, «de tal forma que estos puedan evacuar no solo las nuevas consultas que los ciudadanos formulen, sino también las citas ya asignadas que fueron anuladas a partir del día 16 de marzo, y que por tanto quedaron pendientes de resolver».
También pide el reforzamiento del personal al servicio del teléfono gratuito de cita previa (900 814 815).
Además, reclama que informe de qué personal está realizando la labor de asesoramiento en los diferentes Servicios de Orientación Jurídica, y DE qué trabajadores del ICAM están atendiendo el teléfono de la centralita del Colegio.
También pide que el departamento de comunicación del ICAM realice «una campaña publicitaria de suficiente intensidad» para informar a la ciudadanía de que todos los servicios de orientación jurídica gratuita y turno de oficio del ICAM siguen funcionando al servicio de los ciudadanos carentes de recursos, e incluso se refuerzan durante la crisis del coronavirus.
Por otro lado, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno exige al ICAM que requiera a las administraciones públicas competentes (Consejo General de la Abogacía del Estado y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita estatal y provincial) para que dichas entidades «entiendan acreditado el consentimiento del usuario para la consulta telemática de sus datos económico-patrimoniales mediante la remisión a una cuenta de correo segura del ICAM de su solicitud de justicia gratuita y formularios anexos».
Asimismo, reclama las autorizaciones al ICAM y a la Comunidad de Madrid para la consulta telemática de datos, cumplimentadas por el usuario mediante firma electrónica o mediante firma manuscrita.
Apunta que esto permitirá de forma excepcional valorar si el justiciable reúne o no indiciariamente los requisitos de justicia gratuita a efectos de emitir, en tal supuesto, designa provisional.
Además, ALTODO pide fomentar la utilización del Anexo III de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG), relativo a los signos externos de insolvencia.
Reclama que se emita designación provisional en supuestos en los que dicha insolvencia sea un hecho notorio y evidente, tales como extranjeros incursos en expediente de expulsión o en expedientes de rechazo en frontera.
Esta asociación también exige al ICAM que requiera al Ministerio de Justicia «para que, en el contexto de las medidas de apoyo a diferentes colectivos afectados por la crisis sanitaria que se vienen implementando, inicie de inmediato los trámites para una urgentísima reforma de la LAJG que autorice el pago al profesional designado de oficio de los servicios prestados».
«Aun cuando haya posterior denegación o archivo de la justicia gratuita, sin perjuicio del derecho del Estado a reclamar posteriormente al justiciable, subrogándose en el crédito por la cantidad anticipada al profesional», agrega.
También solicita requerir a tres determinados despachos de abogados para la inmediata retirada de sus respectivas campañas publicitarias desarrolladas con motivo de la pandemia coronavirus, y aprovechando la misma, por cuya virtud ofrecen servicios jurídicos gratuitos de asesoramiento a ciudadanos sobre cuestiones directa o indirectamente relacionadas con la tragedia humanitaria».
Alude a presunta vulneración del artículo 6 del Código Deontológico de la Abogacía Española, el artículo 25 del Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE) y el artículo 15 de los estatutos del ICAM, y por «posible conducta colusoria, al adquirir una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de leyes (Arts. 1 a 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y Art. 15 de la Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal), en este caso, infracción de la normativa deontológica en materia de publicidad».
Solicita que se aperciba a dichas entidades sobre la posibilidad de apertura de un expediente disciplinario y denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en caso contrario.
Por otro lado, demanda «retirar de forma inmediata» la campaña publicitaria insertada en la web ICAM, por cuya virtud dicha institución ofrece asesoramiento jurídico gratuito a pymes y autónomos en materia de ERTES, mediante una plantilla de letrados voluntarios que «sin embargo ya si podrían facturar los servicios que se deriven de esa primera consulta gratuita, revocando y dejando sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno por cuya virtud se implementó dicho servicio».
Le reclama que comunique a la Comunidad de Madrid la imposibilidad de seguir prestándolo «por ser contrario a las leyes de competencia desleal y libre competencia, sin perjuicio del mantenimiento y reforzamiento de los habituales SOJ y Turno de Oficio en lo que proceda».
Por último, solicita dar traslado e informar puntualmente a ALTODO de cuantas medidas se adopten en relación con lo solicitado.
ALTODO envió anoche, a última hora, al ICAM un escrito con estas reclamaciones.
Lo firma el presidente de ALTODO, Juan Manuel Mayllo Martínez, en representación de la asocación.
En él hace hincapié en que la extraordinaria situación de emergencia generada por la aparición del coronavirus «deriva en una ingente necesidad de orientación jurídica por parte del ciudadano, así como en la obligación, hoy más que nunca, por parte del ICAM, de mantener, incluso reforzar, el servicio público de justicia gratuita, incluidos los SOJ, sin perjuicio de adaptar su funcionamiento a la situación creada como consecuencia de la crisis sanitaria y de las medidas restrictivas de movilidad adoptadas por el Gobierno».
«Sorprende que, lejos de haberse producido ese mantenimiento y reforzamiento de los SOJ y del Turno de Oficio, en apoyo de una sociedad angustiada y necesitada de orientación de toda índole, sin embargo, en lo que entendemos como un movimiento precipitado, ciego e incluso errático, organice una “lista de voluntarios” para asesoramiento gratuito a PYMES y autónomos, sustrayendo en el caso de estos últimos su asesoramiento al SOJ Social y por ende una posible futura designación de turno de oficio», prosigue Altodo.
Dice que resulta «inconcebible» que cuando más necesario se hace el servicio de asistencia jurídica gratuita en beneficio de quienes tienen derecho a recibirlo, todas las citas pendientes para recibir orientación jurídica, y, en su caso, iniciar los trámites de justicia gratuita, incluida la designación, cuando proceda, de abogado y/o procurador de oficio, «hayan sido canceladas, reduciéndose drásticamente, precisamente cuando más nos necesitan los ciudadanos, la plantilla de letrados colaboradores que regularmente vienen prestando el asesoramiento a los ciudadanos en los distintos SOJ especializados dependientes del Colegio».
«Hasta el punto de que, en la actualidad, solo los letrados coordinadores de los distintos SOJ están prestando dicho asesoramiento», apunta.
Señala que en la situación de emergencia sanitaria y estado de alerta en el que nos encontramos, unido al “cerrojazo” total o parcial en el servicio de atención al ciudadano, «no extraña a nadie la aparición de iniciativas, a través de las cuáles, conocidos y potentes despachos profesionales aprovechan la coyuntura para hacerse publicidad encubierta».
Denuncia que esto ocurre «con el beneplácito de las administraciones corporativas colegiales, cubriendo “supuestas” lagunas que, en realidad, no existen, o que han sido artificial y momentáneamente generadas por la falta de previsión, estrategia e imaginación de quien tiene la potestad para reorganizar los recursos ya existentes».
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