La Abogacía española, representada aquí con los logos del Colegio de Abogados de Madrid –a la izquierda– y del Consejo General de la Abogacía Española, está haciendo frente a su particular "cisne negro", sobre lo que trata este artículo.
Bufetes que han ofrecido asesoramiento gratis a los afectados: ¿Una solución al “cisne negro” de la Abogacía?
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06/4/2020 01:15
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Actualizado: 06/4/2020 12:34
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La crisis creada por la irrupción del COVID-19 en nuestro país, y en el mundo entero, es lo que el filósofo e investigador libanés Nassim Taleb acuñó, en 2007, como un “cisne negro”: un suceso que ocurre por sorpresa, que ningún analista había previsto ni tenido en cuenta porque, a priori, era improbable y que, para bien y para mal, termina teniendo un gran impacto, con repercusiones trascendentales.
Este “cisne negro” mundial y nacional también da pie a la aparición de otros “cisnes negros”.
Como el que ahora tienen que afrontar los colegios de abogados y, particularmente, el Consejo General de la Abogacía Española, que agrupa a las 83 corporaciones de derecho público en España.
Sobre el papel, las cosas parecen estar muy claras. El artículo 6.3.c. del Código Deontológico de la Abogacía Española prohíbe ofrecer servicios profesionales “a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a sus herederos y causahabientes”.
Es decir, no se puede captar clientes y hacer negocio y caja en estos tiempos de infortunio, lo cual es comprensible.
¿Y SI EL FIN NO ES ESE?
Pero, ¿qué pasa si al despacho en cuestión no le mueve eso, precisamente, si ha renunciado a esas tres cosas y lo único que quiere es poner su grano de arena para ayudar a los afectados?
¿Si, para ello, está dispuesto a someterse a una supervisión de su colegio respectivo, para demostrar que no hay nada espurio sino todo lo contrario, algo genuino?
Esto introduce un matiz nuevo y determinante que cambia, por completo, la base del artículo 6.e.c. del mencionado Código Deontológico.
Es una situación nueva para un derecho viejo, sin duda alguna.
Con esos condicionamientos, ¿se puede prohibir a un despacho de abogados a prestar sus servicios de asesoramiento gratuitos, con renuncia expresa a tomar como futuros clientes y a someterse a un control posterior de su Colegio para verificar que cumple con dicha condición?
Hasta la fecha, han sido denunciados ante la Comisión Deontológica del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), por haber, supuestamente, vulnerado ese artículo la Asociación de Abogados Cristianos, el Grupo Hereda –que ha retirado su oferta de asesoramiento gratuito–, ECIJA, ONTIER, Cremades & Calvo Sotelo y Broseta.
Estos cuatro últimos se encuentran entre los mas prestigiosos del país.
ECIJA, con un vídeo ofreciendo asesoramiento gratuito al mundo de las “startups” (empresas emergentes) y ONTIER con otro audiovisual dirigido a empresas afectadas. Broseta en redes.
Todos debidamente recogidos en medios de comunicación.
La Junta de Gobierno del ICAM avivó la polémica el pasado viernes con un comunicado recordando tanto el artículo 25 del Estatuto de la Abogacía Española y el citado 6.3.c. del Código Deontológico, que proscribe dichas prácticas publicitarias.
Prácticas que calificó de “especialmente repugnantes”, por “sin reparo alguno buscar rédito con provecho del sufrimiento de sus potenciales clientes”.
El Consejo General de la Abogacía Española siguió después la misma línea del ICAM en un comunicado propio.
HAY UNA NECESIDAD EVIDENTE
La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) –denunciante junto a la Asociación Libre de Abogados y Abogadas y el abogado Manuel Muñoz Rodríguez– reconocía en su escrito de denuncia la “ingente necesidad de orientación jurídica por parte del ciudadano”.
Y la obligación del ICAM de mantener, e incluso de reforzar, “el servicio público de justicia gratuita, incluidos los servicios de Orientación Jurídica”.
Añadía ALTODO que, “lejos de haberse producido ese mantenimiento y reforzamiento de los SOJ y del Turno de Oficio, en apoyo de una sociedad angustiada y necesitada de orientación de toda índole” el ICAM haya organizado una “lista de voluntarios” para “asesoramiento gratuito a PYMES y autónomos”, sustrayendo en el caso de estos últimos “su asesoramiento al SOJ Social y por ende una posible futura designación de turno de oficio”.
ALTODO, muy crítica siempre, pidió al ICAM que suprimiera dicho servicio de voluntarios por “ser contrario a las leyes de competencia desleal y libre competencia” porque podían facturar los servicios que se derivaran de esa consulta gratuita, y que reforzara el turno de oficio y el Servicio de Orientación Jurídica con abogados de a pie.
CREMADES & CALVO SOTELO DISPUESTO A JUGAR CON LAS REGLAS DEL «BENEFICIO CERO»
La inclusión de este factor, de este matiz –el del «beneficio cero»–, cambia totalmente el terreno de juego.
Es verdad que contribuiría bastante a fomentar la confianza en este tipo de acciones si existiera un defensor del usuario legal, un “Legal Ombudsman” como el que existe en el Reino Unido, una autoridad independiente con poder ejecutivo para pedir cuentas a los despachos y a los propios colegios.
Hoy por hoy, nadie ve mal que Amancio Ortega, desde su puesto de dueño de la multinacional española Inditex, o Ren Zhengfei, el presidente de Huawei, hayan puesto las potencialidades de sus organizaciones al servicio de España.
O que “chefs” de la alta cocina, como los hermanos Sandoval, Diego Guerrero y José Andrés, profesionales con muchas estrellas Michelin a sus espaldas, den de comer a los más necesitados en colegios de Madrid.
Las muestras de solidaridad se multiplican en los cuatro puntos cardinales de nuestro país.
Por nada, por ayudar.
Javier Cremades, el presidente de Cremades & Calvo Sotelo, lejos de rehuir el contacto o de parapetarse tras el comunicado oficial, dio la cara ante Confilegal para explica su punto de vista: lo único que había movido a su despacho ha sido eso, el afán de ayudar.
“Tenemos una larga tradición de trabajo probono. Creamos un programa hace 10 años, ‘Conoce tus leyes’, con la Comunidad de Madrid para formación jurídica básica de inmigrantes. Incluimos a 40 firmas de abogados en el proyecto. La idea es repetir el concepto, con ‘La ley te protege’, en estas circunstancias. Consideramos que esta es la hora más importante para la abogacía. Todos debemos hacer lo que podamos. Tenemos que estar ahí, cerca de los ciudadanos, en estos momentos de crisis. Es nuestra obligación, no lo veo de otra forma”, afirma.
Javier Cremades, también presidente de la World Jurist Association y de la World Law Foundation, en el momento en el que le entregó el Premio a la Paz Mundial y a la Libertad a la magistrada progresista de la Corte Suprema estadounidense, Ruth Bader Ginsburg, en un acto que tuvo lugar en Washington el 21 de febrero pasado.
Para el presidente de Cremades & Calvo Sotelo la evidencia del «cisne negro» para la abogacía española está más que probado.
“¿Un cisne negro? Sin duda alguna. Es sorpresivo, improbable y está teniendo un gran impacto tanto en la sociedad como en la abogacía misma. Permítame un símil: si los bomberos del Ayuntamiento tuvieran que apagar un gran edificio en llamas y se dieran cuenta de que sus efectivos no son suficientes, ¿rechazarían la ayuda de los bomberos que pudieran ofrecer empresas privadas?”, se pregunta.
Las autoridades sanitarias no han dudado en buscar efectivos extras donde los hubiera.
De acuerdo con Cremades, los colegios de abogados españoles y el propio CGAE se encuentran en un momento crucial de su historia.
La crisis del coronavirus los ha puesto en una encrucijada.
“La ‘American Bar Association’ ha animado a los abogados estadounidenses a que sean creativos y tengan iniciativas para atender a los ciudadanos en estos momentos tan difíciles. Sugieren que cada uno dedique al menos 50 horas de trabajo gratuito para los afectados. Y la Abogacía española se haya ante ese dilema: permitir la colaboración, en los términos de beneficio cero, u optar por el camino de la prohibición, persecución y sanción a los que lo hagan. Todos rendimos cuentas antes la sociedad. Nuestros Colegios profesionales deben alejarse del corporativismo y representar bien a la profesión, que debe ser la vanguardia de la sociedad. Creo que deben facilitar y reconocer el esfuerzo de todo aquel que quiera ser útil en estas circunstancias”.
QUE LO CANALICEN LOS COLEGIOS
Cremades informa que se ha dirigido por escrito al decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, y que ha puesto a su disposición el programa de asesoramiento gratuito a la ciudadanía, «a beneficio cero», disipando cualquier duda y sugiriéndole que lo capitaneé el propio Colegio
Por eso, reconoce que le chocó el comunicado del ICAM del pasado viernes.
“Me ha sorprendido la precipitación en publicar esa nota, antes de haber estudiado los numerosos escritos que ha recibido y haber adoptando un criterio general ponderado. Es impropia de una institución que lleva mas de 400 años promoviendo el Estado de Derecho, pues ha generado dudas en muchos y ha metido a todos en un mismo cajón de sastre”, manifiesta.
“Muchos otros despachos se han sumado a nuestra iniciativa que se enmarca en el conjunto de operaciones solidarias y de voluntariado para aminorar el sufrimiento y la confusión reinantes. Consideramos que es nuestro deber. Numerosos ciudadanos tienen dudas legales derivadas de la aplicación del estado de alarma, en virtud del cual se han limitado e incluso suspendido derechos fundamentales”.
Y concluye: “Salvo que el Colegio nos indique otra cosa, y ya le hemos consultado, mientras dure la crisis nosotros vamos a seguir prestando ayuda legal a los más necesitados sin ningún tipo de contraprestación de ningún género. Ese es nuestro compromiso con la sociedad. Lo que va contra la deontología profesional es hurtar el bulto en circunstancias tan graves como las que vivimos. Los abogados tienen tambien responsabilidad social y deben poder trabajar, como en cualquier país, probono, especialmente en estas circunstancias excepcionales”.
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