Ante la previsión del aumento de la litigiosidad por la repercusión económica y social de la pandemia del coronavirus, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido a registradores y notarios que aborden diversos escenarios para la vuelta paulatina a la normalidad y estudien vías alternativas a la resolución de conflictos.
Así se lo transmitió el titular de Justicia este martes en una reunión telemática que mantuvieron él y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, con la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.
Las propuestas se tendrán en cuenta en el plan de reactivación de la Justicia que pondrá en marcha el Gobierno con la desescalada de las medidas adoptadas para la contención del coronavirus y en el primer paquete de medidas de ‘Justicia 2030’.
Según el departamento de Campo, este documento incluirá lecciones aprendidas en esta crisis y actuaciones que se están llevando a cabo estos días por el conjunto del sector y que, más allá del escenario actual, pueden ayudar a la modernización y mejora continua de la Administración de Justicia.
Campo agradeció la labor que los profesionales de este sector están realizando para garantizar los servicios esenciales durante la pandemia y que está contribuyendo, afirmó, a que la seguridad jurídica en España “no se resienta”.
El ministro se ha referido durante su intervención al Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en cuyo texto se refleja la importancia de la intervención notarial y registral en el ámbito de la seguridad jurídica.
Durante la reunión se ha abordado cómo están afrontando la situación de emergencia sanitaria ambos colectivos, con efectos en la reducción del volumen de su actividad y en la propia prestación del servicio, que ha requerido la adopción de medidas de teletrabajo y el establecimiento de turnos en muchos casos.
Mientras dure la crisis, se mantendrán reuniones periódicas con los representantes de ambas profesiones, a petición del ministro, para tomar el pulso de la actividad judicial.
