La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) exige medidas de protección frente al coronavirus para las personas detenidas.
En dos escritos dirigidos al Ministerio del Interior y a la Comisión de Seguimiento Ejecutiva Covid19 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid denuncia que desde la entrada en vigor del estado de alarma las personas detenidas están expuestas al virus, ya que, según afirman, en la mayoría de comisarías no se les facilita ni guantes, ni mascarillas.
Además, cuando llegan a los juzgados estas personas esperan «confinadas» junto a otros detenidos «en iguales condiciones en la misma celda de calabozos», contraviniendo así, subraya la asociación, «todas las medidas de profilaxis para evitar el contagio del COVID-19».
Por ello solicita al Ministerio del Interior que «de forma urgente» dote del material de protección sanitaria, además de a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a los funcionarios de prisiones, a las personas detenidas, pues «actualmente no se hace en todos los casos».
Asimismo, que dé instrucciones a los funcionarios dependientes del departamento de Fernando Grande-Marlaska para que las condiciones de detención respeten las medidas de seguridad sanitarias.
La protección de la salud y las condiciones de su privación de libertad, recuerda ALA, «son responsabilidad directa del Ministerio del Interior».
«Práctica ilógica»
A la Comisión de Seguimiento Ejecutiva del Covid19 del TSJM, solicita también que dé instrucciones a los juzgados de la Comunidad de Madrid para que en las vistas judiciales con personas detenidas (primera declaración y medidas cautelares de cualquier tipo), la persona detenida asista físicamente a la vista, dotada con guantes y mascarilla, al igual que hacen el resto de los participantes.
ALA dirige esta petición al TSJM después de observar esta «práctica injustificada» en muchos juzgados.
Hasta ahora, explica la asociación, «venimos observando que, en mucho juzgados, la persona detenida queda en calabozos asistiendo telemáticamente a la vista mientras el resto de las partes (judicatura, fiscalía, letrados de la Administración) se encuentran en Sala».
«Esta práctica ilógica, prejuiciosa e injustificada supone una culpabilización adicional de la persona detenida, además de una merma en sus garantías por no poder mantener una comunicación personal y apropiada con su letrado defensor antes y después de una comparecencia tan importante», afirma.
Todo esto, subraya ALA, supone «una discriminación respecto de la persona detenida, presumiendo mayor posibilidad de contagio, fundamentada precisamente en la no facilitación de los preceptivos equipos de protección».
Por todo ello, solicita al TSJM que tome las medidas oportunas para evitar que esta situación se repita.
