El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tiene en su mano el poder de «liberar» a la economía nacional en el corto espacio de un mes más de 2.000 millones de euros, correspondientes a las cuentas y depósitos de consignaciones judiciales, lo que ayudaría a muchos ciudadanos y empresas en estos tiempos tan complicados provocados por el COVID-19.
Sin duda tendría un impacto muy positivo en la economía.
Está en la mano de los letrados de la Administración de Justicia -antes secretarios judiciales-, un cuerpo profesional que depende del propio Ministerio y cuyo jefe máximo es el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues.
Esta es, precisamente, la primera de las propuestas que ha realizado el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAD) al Ministerio: un «plan de choque para la agilización de los pagos judiciales«.
«Si el Ministerio aceptara lo que le proponemos en nuestro ‘plan de choque’, los letrados judiciales aseguramos que, en el plazo de un mes, devolveríamos a la economía 2.000 millones de euros«, asegura Rafael Lara, presidente del CNLAD, la asociación mayoritaria de este cuerpo profesional.
Actualmente los letrados judiciales tardan una media de seis meses en emitir mandamientos de pago y transferencias. De acuerdo con el plan de actuación que proponen, es factible reducir ese tiempo a un mes.
El dinero procede, principalmente, de las consignaciones que realizan empresas o ciudadanos que han sido condenados por diversos motivos y en las distintas jurisdicciones (civil, familia, social, mercantil, etcétera).
Una vez consignado el importe los letrados de la Administración de Justicia realizan el pago de estos saldos a los beneficiarios de acuerdo con lo indicado por el juez en la sentencia (el mandamiento de pago, que puede ser en papel, por lo que hay que acudir a cualquier oficina del Santander) o por vía telemática.
Estas cuentas ingresaron el pasado año casi 7.600 millones de euros y los letrados judiciales dieron salida a otros 7.600 millones.
EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE ACTUACIÓN
«El año pasado, por estas fechas, en el plazo de dos meses los letrados judiciales emitimos mandamientos de pago y transferencias por importe de 1.600 millones de euros», explica Lara.
«Podemos sacar 2.000 millones con un plan de actuación que nos ayude a hacerlo lo más rápido posible y del que se beneficiarían ciudadanos, empresas y el propio Estado, porque de esos 2.000 millones, 600 corresponden a multas que tiene que cobrar el Estado«, cuenta el presidente del CNLAD.
«¿Qué necesitamos? Refuerzos. Los letrados judiciales tenemos nuestro trabajo de tramitación, de impulso de los procedimientos, etcétera. Necesitamos que se habiliten refuerzos de letrados o prolongaciones de jornadas pagas o comisiones de servicio voluntarias. Para poder hacer las dos cosas sin que nuestro trabajo se resienta».
«El costo no sería excesivo. Con una inversión de un millón de euros, como mucho, y esos son entre 40 o 60 letrados judiciales trabajando en esto, se puede hacer. Es factible. Los ciudadanos, las empresas y el Estado recuperarían un dinero que hoy sería vital para todos ellos«, apunta Lara.
