El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha reunido este viernes con representantes a nivel nacional de abogados, procuradores y graduados sociales, es la segunda vez desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo.
En una reunión por videoconferencia, Campo ha avanzado a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez y el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón, los ejes del plan de reactivación de la Justicia que tiene previsto aprobar el Gobierno en el plazo de 15 días de cara al fin de las medidas de confinamiento.
Se incluirán actuaciones de tipo organizativo, tecnológico y normativo y afectará a los ámbitos social, contencioso-administrativo y mercantil, es decir, los órdenes jurisdiccionales que previsiblemente se van a ver más afectados por el parón de la actividad.
En este sentido, Campo ha defendido que “la Justicia ha de formar parte de la reactivación de la economía”.
Además, durante la reunión el ministro les ha trasladado las líneas generales de la reforma procesal que prepara el ministerio y que busca el consenso del sector para mejorar la eficiencia de la Justicia y agilizar su adaptación al mundo digital.
El titular de Justicia ha pedido a los representantes de abogados, procuradores y graduados sociales que hagan sus aportaciones al nuevo texto normativo, ya que confía tenerlo listo en los próximos meses.
Asimismo, les ha pedido compromiso con el plan ‘Justicia 2030’, “para enriquecer el proyecto de todos”, con el que se pretende una mejora a corto, medio y largo plazo en el servicio público al ciudadano y en la gestión diaria de los profesionales.
Esta nueva reunión forma parte de la ronda de contactos que Campo esta teniendo con todos los colectivos profesionales para establecer cómo será la recuperación de la actividad judicial cuando las autoridades sanitarias lo permitan.
La próxima semana se reunirá con las asociaciones de fiscales y letrados de la Administración de Justicia.
