Los consejeros de Justicia de las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia preguntaron esta mañana al secretario de Estado, Pablo Zapatero, y al secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vergues, quién va a pagar los gastos que va a conllevar la aplicación del Real Decreto-ley para la reactivación de la Justicia aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
«¿Quién va a pagar la fiesta?», le plantearon varios de los consejeros autonómicos al número 2 y al número 3 del Ministerio de Justicia durante la reunión telemática de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia que mantuvieron desde las 10 de esta mañana. durante la reunión
En concreto se refieron a los gastos de seguridad y de limpieza, así como de electricidad y otros servicios, que se producirán en sus respectivos territorios como consecuencia de extender el horario de trabajo de las 14 a las 20 horas por la tarde para que no coincidan todos los funcionarios de Justicia.
Durante ese tiempo se podrán realizar juicios presenciales, en particular en los casos de delitos graves.
El representante de Galicia propuso que esos gastos se asumieron con cargo a los intereses que generan las cuentas judiciales y que van directamente al tesoro.
Una iniciativa que apoyaron el resto de sus once compañeros, correspondientes a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.
Las doce consejerías, asimismo, también fueron unánimes en otra decisión: ya que el Ministerio de Justicia había asumido, desde el 19 de marzo pasado, la coordinación de toda la Administración de Justicia y tiene, por lo tanto, «el mando único», debe ser él el que negocie, a nivel nacional con los sindicatos para la implementación del Real Decreto-ley.
Tanto Zapatero como Vergues tomaron nota de ambas cosas tras escuchar quejas previas de las Comunidades Autónomas por no haber recibido el Real Decreto-ley ayer por la noche sino esta mañana, lo que hizo que la mayoría tomara conocimiento del texto prácticamente al comenzar la reunión.
El Real Decreto-ley es plenamente vigente desde el día de hoy si bien tiene que ser convalidado en un plazo máximo de 30 días por el Congreso de los Diputados.
