La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), las dos más numerosas de jueces, niegan las alegaciones del decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, de que algunos jueces de esa ciudad estaban dificultando las entrevistas de los letrados con los detenidos, «obligándoles a bajar a los calabozos» en vez de facilitar dicho contacto por medios telemáticos para reducir la posibilidad de contagiarse con el coronavirus.
«En ningún momento se ha obligado a los abogados de la capital a bajar a los calabozos pues la Ciudad de la Justicia de Málaga cuenta con locutorios que permiten la entrevista confidencial», dicen ambas asociaciones en un comunicado dirigido a Confilegal.
Dichos locutorios se encuentran en «zona restringida, fuera de los calabozos, con cristal blindado y teléfono, que impide la comunicación física del detenido y su letrado, para seguridad de ambos, pero, al mismo tiempo, una total comunicación audiovisual y privacidad», añaden, recordando que cumplen con el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ambas asociaciones subrayan que no existe un conflicto entre los jueces y los abogados de la capital malagueña como tampoco existe entre los jueces de instrucción del partido y los abogados que acuden a prestar el servicio de guardia, en particular.
«Las relaciones entre ambos colectivos siempre se han desarrollado en un clima de cordialidad y respeto, que se mantiene en las extraordinarias circunstancias en que nos encontramos de alerta sanitaria, supliendo, en muchas ocasiones, la falta de medios con voluntad», añaden.
EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA DENUNCIÓ FALTA DE VOLUNTAD DE ALGUNOS JUECES
El Colegio de Abogados de Málaga publicó un comunicado en el que denunciaba la “falta de voluntad” por parte de algunos jueces de instrucción de Málaga capital para que se pueda prestar asistencia letrada con medios telemáticos, tal y como establece el Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
El artículo 19 hace referencia a la celebración de actos procesales mediante presencia telemática, y establece que “durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello”.
El decano Lara explicó que el sistema está funcionando adecuadamente en partidos judiciales como Ronda, Torremolinos, Vélez-Málaga o Estepona y en la Fiscalía de Menores, pero “no” en el partido judicial de Málaga, “pese a que la Ciudad de la Justicia es una de las más modernas de Andalucía”.
El Colegio ha informado que el decano también había sido requerido y apercibido, tras exigir que se cumplan las medidas de seguridad y se presten las asistencias con medios telemáticos.
“Nos obligan a incumplir el Real Decreto-ley. Incluso nos dicen cómo tenemos que ejercer nuestro trabajo e incluso el derecho de defensa”, denunció Lara, que subrayó que va a exigir el cumplimento del Real Decreto-Ley, con su colaboración o sin ella.
SE SIGUE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Según las dos asociaciones de jueces, por lo que respecta a la asistencia letrada al detenido –un derecho fundamental que debe prestarse de forma escrupulosa y con todas la garantías- «por parte de los jueces de instrucción del partido judicial de Málaga y desde el inicio del estado de alarma, se viene siguiendo un único protocolo de actuación, sin que el mismo haya variado en los últimos días, y muchos menos, a raíz de discusiones privadas en redes».
Las dos asociaciones hacían así referencia a las opiniones vertidas por uno de los jueces en su cuenta de Facebook, no muy positivas para los abogados.
«Queremos mostrar nuestro desconcierto y rechazo a la revelación de datos personales y familiares del miembros del poder judicial, por las opiniones que, a título estrictamente personal y privado, hayan podido emitir en una red social y a la vinculación que de ello pretenda hacerse a un conflicto inexistente entre colectivos profesionales y a un cambio de actitud en miembros del poder judicial», subrayan.
